Una vez más, la Comisión Europea vuelve a demostrar su errático rumbo a la hora de dictar normas con las que pretenden regir por igual a todos los singulares rincones de este artificio llamado Europa. Abanderada por esa entelequia que manejan a su antojo y que denominan «igualdad», los comisionados han exigido que, en dos meses, se modifique la Ley de Cine de Catalunya por considerarla «discriminatoria» y contraria a las normas sobre la libre circulación de servicios impuesta por la Unidad Europea.

La comisión considera «discriminatorio» que la ley obligue a las distribuidoras a entregar una versión en catalán de todas las películas -con excepción de las españolas y de las europeas que se distribuyan con más de 16 copias- para, a renglón seguido afirmar que «comprende que el objetivo de interés general que busca la norma es totalmente legítimo, pero considera que la obligación en sí misma se hace incompatible con el derecho europeo vigente». Si se avanza en la lectura del comunicado, se descubre el epicentro verdadero de esta sentencia que relega a un segundo plano la soflama igualitaria, dando protagonismo a la cuestión económica. En este sentido, la comisión argumenta que la ley catalana supone un coste añadido para el resto de películas europeas que oscila entre los 25.000 y 77.000 euros para el doblaje, o entre los 2.000 y 5.730 euros para la subtitulación, lo que «encarece el producto» y dificulta el acceso de las películas europeas no estatales en el mercado catalán.

El verano pasado y tras el boicot inicial orquestado por las compañías cinematográficas contra la ley de 2010, el conseller de Cultura, Ferran Mascarell, cerró un acuerdo con estas compañías para permitir que se doblaran al catalán una treintena de títulos al año, y antepuso el diálogo a la imposición de cuotas lingüísticas en el sector.

Esta ley censurada por Bruselas indica que en el plazo de siete años debe alcanzarse un objetivo: que el 50% de las copias de las películas no europeas estrenadas en Catalunya se hagan dobladas o subtituladas al catalán.

Además, la UE dice que «pese a que el Tribunal de Justicia de la UE ha reconocido la legitimidad de las políticas nacionales que buscan la promoción lingüística, el Tribunal ha precisado que es necesario que las medidas de aplicación respeten determinadas condiciones para que se les considere `justificadas'. Hace falta que sean proporcionales con el objetivo que buscan satisfacer y no pueden originar discriminaciones que vayan en detrimento de los ciudadanos de otros estados miembros». En 2010, el comisario de Mercado Interior, Michel Barnier, anunció que la CE investigaría si la ley catalana vulneraba la legislación comunitaria y las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), a petición de los eurodiputados del PP Fisas y Arias.