La sentencia del Tribunal de Estrasburgo les ha hecho mucho daño, y si la pataleta del ministro de Interior fue de esas que causan vergüenza ajena, la de algunos periódicos no era menor. Estaban a rabiar. Como si les hubieran condenado a ellos y no al Estado. ¿O realmente son lo mismo? En el editorial de «El Mundo» empezaban por admitir lo obvio, es decir, que la sentencia «es un varapalo a la Justicia española», pero al identificar el «origen del problema», el periódico de Pedro J. se remitía al Código Penal de 1973, que calificaba de «ingenuo» porque «permitía obtener beneficios penitenciarios por trabajos realizados en la cárcel». No hace falta recordar que en 1973 Franco seguía vivo y que el Código Penal de entonces era, por tanto, propio de la dictadura franquista. Que algunos medios («El Mundo» no era el único) lo califiquen de «ingenuo», blando, etc. da la medida de en qué parámetros se mueven algunos demócratas de todo la vida.

En «La Razón» optaron por cargar tintas contra el magistrado español que forma parte del Tribunal. Así, en Primera señalaba que «el magistrado socialista López Guerra urdió la sentencia de Estrasburgo contra la `doctrina Parot'». Ya tienen nuevo enemigo público número 1. En páginas interiores, el director , Francisco Marhuenda, señalaba que el citado juez «ha sido determinante, sin lugar a dudas, para una sentencia que es una agresión contra el Constitucional, las víctimas del terrorismo y el Estado de Derecho». No acaba de entenderlo, lo que es una agresión contra el Estado de Derecho es la dichosa doctrina.

El editorial de «El País», sin embargo, repartía responsabilidades: «La decisión de Estrasburgo supone un serio revés jurídico para el Supremo. Pero también deja en mal lugar al Tribunal Constitucional que, habiendo podido enmendar el disparate jurídico que suponía la doctrina Parot, se limitó a examinar si las liquidaciones de condena hechas al amparo de esa doctrina eran o no correctas». Y para concluir, advertía al Gobierno: «Puede dar largas a su cumplimiento, agotar, como pretende, un último recurso -lo que podría lesionar los derechos de esta presa- y dejar abierta la posibilidad de sucesivas bochornosas condenas al Estado en otra treintena de casos». Pues que se ahorren el bochorno, acepten la realidad y empiecen a dejar libres a las presas y los presos.