Mariano Rajoy dio ayer la puntilla a lo poco que quedaba del Estado de Bienestar, apenas unos rescoldos después de décadas de progresivo desmantelamiento. No hay ningún sector que no resulte afectado por sus recortes, y aunque funcionarios, personas dependientes y desempleados aparecen como principales damnificados, las medidas anunciadas en el Congreso afectan profundamente al conjunto de la sociedad, que ve cómo el IVA, impuesto que grava el consumo y que es profundamente injusto, sube hasta tres puntos, y que se acelerará el retraso de la edad de jubilación. Un nuevo proceso de privatización de servicios públicos y recortes en todos los ámbitos de la administración completan el lote.

El objetivo declarado, lograr un ajuste de 65.000 millones de euros para cumplir con los compromisos de déficit. La previsible consecuencia, el estrangulamiento de la economía y el sufrimiento de capas cada vez más amplias de la población, que se verán empujadas a una situación de pobreza, al contrario que aquellos que causaron la crisis y que vuelven a salir indemnes. Estas medidas no solo no están destinadas a revertir la recesión en la que se encuentra sumergido el Estado español, sino que son contraproducentes para la consecución de este objetivo, y ni siquiera se justifican por su afán recaudatorio o de reducción del gasto, puesto que una economía que no crece es imposible que obtenga los recursos que necesita para enjugar su deuda. El plan de Rajoy sumerge a la economía española en un círculo vicioso del que tendrá muy complicado salir.

El rescate de la banca, que solo iba a afectar a las entidades financieras, le va a salir muy caro a la ciudadanía, a la que, una vez más, le tocará pagar la factura. También a los habitantes de Hego Euskal Herria, atrapados en un estado que amenaza ruina y que cada vez más gente cree necesario abandonar, antes de que sus escombros acaben por sepultarnos a todos.