Expresos, representantes de Herrira y de distintos ámbitos de la sociedad vasca como Juan Mari Igarataundi, Peio Lete, Oskar Bañuelos, Andoni Txasko, Jesús Valencia, Bea Morales, Ana Saenz, José Antonio Fernández, Félix Placer y Paco Letamendia comparecieron en Bilbo para resaltar que la decisión adoptada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDDHH) es meridianamente clara al resolver, según manifestaron Amaia Esnal y Manu Ugartemendia, que «tanto mantener en prisión a Inés del Río como seguir aplicando la doctrina 197/2006, además de ser ilegal, es contraria a los derechos humanos fundamentales». De ahí que instaran al Estado español, al igual que lo planteó Etxerat en otra rueda de prensa en Gasteiz, a que si se considera democrático deje sin efecto esa legislación de excepción y repare «inmediatamente sus consecuencias».

Herrira cifró en 67 las personas afectadas, de las que 54 se encuentran aún en prisión y a otras 13 que todavía no han cumplido la pena ya se les ha comunicado su prolongación. Asimismo, se han interpuesto o están en fase de presentación una treintena de recursos como el de Inés del Río.

«Esta sentencia demuestra que el régimen que se aplica a los presos políticos vascos es insostenible y contrario a los derechos humanos. Con la excusa de la lucha contra el terrorismo, tanto en España como en Francia se han ido aplicando medidas que vulneran los derechos de las personas presas. Hoy en día, cuando esa excusa no existe -como incidió Ugartemendia-, mantienen en vigor la aplicación de dichas medidas, que dificultan avanzar en la construcción de la solución y la paz».

Al Estado se le presenta, a su juicio, «una oportunidad incomparable para dar pasos en positivo», derogando la actual política penitenciaria de excepción y «comprometiéndose con las vías democráticas para alcanzar la solución y la paz».

«Las medidas de sometimiento son incompatibles con las soluciones y, en vías de resolución del conflicto, es irrefutable el compromiso de todas las partes con el respeto de todos los derechos», insistieron, antes de apostillar que la sentencia de Estrasburgo demuestra que «el inmovilismo de los estados tiene límites».

Gran importancia en el pronunciamiento de Estrasburgo ha tenido, en su opinión, la amplia movilización social. En nombre de Etxerat, Mattin Troitiño e Izaskun Abaigar indicaron que es «consecuencia directa del trabajo realizado durante largos años» y supone un «triunfo» ciudadano. Por ello, agradecieron «el respaldo que nos habéis dado a nosotros y a nuestros familiares presos».

No obstante, los portavoces de Etxerat también subrayaron que la política penitenciaria «basada en la venganza» dispone de otras herramientas represivas. «Nuestros familiares con enfermedades graves e incurables tienen que estar en casa, y hay que acabar con la dispersión y el aislamiento», exigieron, antes de recordar que sus allegados deben estar a su lado, «libres y en casa de inmediato».

Quien se mantuvo en sus tesis fue el ministro español de Interior, que dijo que no está «claro jurídicamente» que la sentencia «sea ejecutiva». «Hay doctrina muy diversa en cuanto al alcance ejecutivo que tienen esas sentencias, hasta qué punto anulan o no la sentencias de los tribunales españoles», manifestó Jorge Fernández Díaz.

Por el contrario, el exfiscal de la Audiencia Nacional Ignacio Gordillo estimó que el Estado español está obligado a poner en libertad a Inés del Río, ya que, tal como comentó, la resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos «no es vinculante jurídicamente, aunque sí moralmente y políticamente». Además, advirtió de que no cree que el recurso anunciado prospere, por ser una sentencia dictada «por unanimidad» y «fundamentada».

En el capítulo de puntualizaciones a la maraña de declaraciones de la víspera, el portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, aclaró que la competencia «exclusiva» sobre la excarcelación de la presa de Tafalla es de la Audiencia Nacional. Bosch reprochó al titular de Interior su desconocimiento del funcionamiento del Estado de Derecho o su pretensión de «invadir competencias judiciales».

Desterrar el inmovilismo

Contra la reacción visceral del PP también habló en Bilbo el profesor de la UPV-EHU Paco Letamendia, Ortzi, quien valoró que la resolución «da la razón a todos los que pensábamos que la doctrina Parot constituía una infracción frontal de los derechos más elementales jurídicos».

Letamendia, que abogó por «una regeneración democrática y una profundización de los derechos» tras años de «degeneración democrática», dijo que «no es momento de sacar pecho, en el sentido de un inmovilismo represivo del que la doctrina Parot es un elemento frontal, y que no se ha sacado ante imposiciones europeas que tienen que ver con el mercado o la situación económica».

Por su parte, ELA, además de felicitarse por la resolución, calificó de «intolerables» las declaraciones de los ministros españoles de Justicia e Interior, y advirtió de que «una futura modificación del Código Penal profundiza en la antidemocrática práctica de legislar a partir de la generación artificial de alarma social desde la prensa adicta».