«¿Qué? ¿Quieren demoler mi casa? ¡Nunca!», grita Aurica Ciucur, una madre de familia contraria al proyecto del Ayunta- miento de trasladar a un millar de romaníes del poblado de chabolas de Baia Mare, en el norte de Rumanía, a las instalaciones de una antigua planta química.

Como ella, otros gitanos que viven en chabolas aseguran a AFP que no dejarán el poblado de Craica, donde se instalaron en la década de los 90, cuando el cierre de varias plantas atrajo a los recolectores de chatarra a esta ciudad minera.

El proyecto del Ayuntamiento, anunciado el pasado 1 de junio, ha sido denunciado por «discriminatorio» por ONG y por el departamento del Gobierno para el pueblo romaní.

«Esta reubicación no es una buena solución, solo perpetúa la dependencia de los romaníes respecto a las autoridades y no resuelve la cuestión del acceso a la educación y al empleo», declaró la presidente de la asociación Juntos por Ellos, Gabriela Pop.

Reelegido con el 86% de los votos el pasado 10 de junio, el alcalde de Baia Mare, Catalin Chereches (USL, coalición gubernamental), asegura que el traslado al recinto de la antigua fábrica Cuprom es una «solución temporal».

«De aquí a la próxima primavera, los 1.600 romaníes que integran las bolsas de pobreza serán trasladados a viviendas sociales, si el Gobierno está de acuerdo en financiarlas», indicó a France Presse, precisando que los niños irán a la escuela en setiembre mientras que un adulto por familia tendrá un trabajo estable.

Para muchos gitanos esta es una oportunidad para «escapar de la miseria».
Cuando la excavadora regresa al poblado para derribar unas cuantas viviendas, muchos de los presentes rodean al asesor del Ayuntamiento, Ioan Dumitru, que llega a supervisar los trabajos.

«¿Puede añadir el número 52 a la lista?», pide un hombre joven, «me quiero ir porque mis hijos son el hazmerreír de todos en la escuela por vivir aquí».

En el número 245, al otro lado del poblado levantado a lo largo de una línea de ferrocarril abandonada, Geta Boros reúne algunos muebles y ropa, justo antes de que la excavadora derribe su vivienda construida con materiales reciclados.

«Me temo que la vida en la fábrica Cuprom será como en una prisión, pero ¿qué voy a hacer aquí si mis vecinos se marchan?», se pregunta esta mujer de 28 años.

Una vez que la excavadora se aleja, los hombres recogen las tablas de madera que se quedan atrás «para calentarnos el próximo invierno», explica uno de ellos.

«No se obliga a nadie»

Dumitru no se lo cree. «Poco a poco todos se van», dice, con un aire de complicidad. «Y ya ves, no se obliga a nadie a irse».

Pero aquellos que planean quedarse acusan al alcalde de haber cortado las conexiones –ilegales– a la red eléctrica y también el suministro de agua, para así convencer a los más reacios.

Con su esposa y sus cuatro hijos, Constantino Boldijar ya estaba instalado en el bloque número 3 de la antigua planta combinada de Cuprom. «Estamos cien veces mejor aquí que en Craica», afirma, incluso si los trabajos para «higienizar» las piezas, algunas sin ventanas, no se acaban.

«Se acabaron los gérmenes, insectos y ratas», añade otro hombre joven, padre de dos niños que juegan en el patio, entre los escombros.

Hasta el momento, un centenar de familias se ha trasladado a los tres edificios que albergaron las oficinas y laboratorios Cuprom. La calefacción, el agua y la electricidad serán pagadas por el Ayuntamiento.

Los inconvenientes: un solo baño por piso y sin cocina.

El Ayuntamiento, sin embargo, se jacta de haber creado en las inmediaciones, con 3,5 millones de euros de fondos europeos, un centro para las familias gitanas, con cuartos de baño, comidas gratuitas para 70 personas por día y una guardería.

Si ella echa de menos su vida en Craica, Geta Boros dice pensar primero en sus hijos: «Esto será mejor para ellos».