Mientras la marcha de los mineros, que congregó a decenas de miles de personas, transcurría por las calles de Madrid, en el Congreso de los Diputados Rajoy anunciaba nuevos recortes sin hacer alusión al conflicto de la minería. Por su parte, los sindicatos agradecieron a los ciudadanos madrileños el apoyo social que han recibido durante las últimas jornadas y en especial por el recibimiento en la marcha nocturna del martes.

Ayer, cuatro columnas de mineros de Asturias, Castilla y León y Aragón abrieron la multitudinaria manifestación, que discurrió por el madrileño Paseo de la Castellana y fue protagonizada por el estruendo de los continuos petardos que los mineros lanzaban a su paso. Durante la marcha se gritaron pocas consignas, ya que el ruido de petardos centró un recorrido sólo interrumpido cada vez que los mineros cantaban el himno "Santa Bárbara bendita".

Al inicio de la marcha se situó una furgoneta en recuerdo de los mineros que siguen encerrados desde hace 44 días en los pozos de Candín y Santiago, en Asturias, que finalmente no acudieron a la manifestación.

Tras las cuatro columnas, la cabecera sindical lideraba la marcha en la que se vieron pocos políticos, con la excepción de algunos diputados autonómicos de Aragón, Asturias y Castilla y León y los alcaldes de las comarcas mineras asturianas, después de tres días encerrados en sus ayuntamientos como medida de apoyo. Tras más de dos horas de recorrido, los manifestantes llegaron a la sede del Ministerio de Industria, donde se produjeron gran parte de los incidentes. Concentrados alrededor de las vallas que rodeaban el perímetro de seguridad del ministerio, convertido ayer en un auténtico búnker, los manifestantes corearon consignas como "El enemigo está dentro" y "No somos terroristas, somos mineros".

Carga policial

Cuando aún no se había terminado la manifestación, agentes de la Policía española que rodeaban la sede ministerial cargaron contra la multitud con el pretexto del lanzamiento de piedras y cohetes por parte de los mineros. Por su parte, trabajadores de la minería denunciaron que han sido «víctimas de una campaña de criminalización por sus movilizaciones» y que la carga policial de ayer «estaba prevista por el Gobierno para ocultar con ella la respuesta popular».

En relación a los incidentes, la Delegación del Gobierno en Madrid confirmó la detención de ocho personas a las que acusa de «desordenes públicos, altercados y desobediencia a la autoridad». Asimismo, redujo a 10.000 el número de asistentes a la manifestación.