La Presidencia egipcia aseguró ayer en un comunicado que acatará la decisión del Tribunal Constitucional de disolver la Cámara baja del Parlamento porque Egipto es «un Estado de derecho» y tendió la mano a las fuerzas políticas y a las autoridades judiciales para iniciar un diálogo y resolver las discrepancias surgidas sobre la legitimidad del Legislativo. La declaración se produjo un día después de que la citada Corte ordenara suspender el decreto promulgado el domingo por el presidente egipcio, el islamista Mohamed Morsi, para restablecer la actividad del Parlamento, disuelto por la Junta Militar egipcia dos semanas antes tras la anulación de un tercio de sus escaños.

El comunicado expresa el respeto de la Presidencia a la institución judicial y a los fallos de la Justicia egipcia, así como «su interés en impedir cualquier choque entre los poderes del Estado». «Si el fallo del Constitucional evita que la Asamblea Popular (Cámara baja) desempeñe sus funciones, lo respetaremos, porque somos un Estado que respeta la soberanía de la ley y de sus instituciones», agrega la nota.

La Presidencia apuntó que consultará, no obstante, con las fuerzas políticas, las instituciones y el órgano judicial para trazar «el mejor camino para salir de esta situación, superar juntos esta etapa y tratar todas las causas pendientes».

Además, señaló que el decreto de Morsi «respetaba los fallos de la Justicia y la sentencia del Tribunal Constitucional» y pretendía buscar «el momento adecuado» para cumplir con ellos.

«El objetivo era obedecer el interés del pueblo y la patria, y preservar la continuación de los poderes del Estado, especialmente que el Parlamento pudiera cumplir sus labores y no se produjera un vacío de poder legislativo», indicó la Presidencia que, con su decreto, desafió al viejo régimen que de la mano de los militares se resiste a desaparecer.

El pasado 14 de junio, el Tribunal Constitucional anuló los comicios legislativos por irregularidades, ya que representantes de partidos políticos concurrieron como independientes, para quienes la ley electoral reservaba un tercio de los escaños, y el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (CSFA) aprovechó el dictamen para ordenar la disolución del Parlamento y atribuirse el poder legislativo.