Los sindicatos ELA y LAB hicieron ayer sendos llamamientos a la movilización como respuesta a los recortes anunciados por Rajoy y que, según esta última central, son una muestra de la «dictadura económica» del Gobierno que lleva a Euskal Herria «a la ruina más absoluta y condena a los trabajadores a unas condiciones de vida miserables».

LAB señala en un comunicado que los recortes suponen una sumisión a los «dictados del lobby financiero» y se traducen en un «menoscabo de derechos sociales y laborales», así como en «un estrangulamiento para las economías familiares, que ya no pueden más».

A juicio de este sindicato, las medidas suponen una «reforma estructural» que certifican además la «defunción del autogobierno y del modelo de estado autonómico».

El sindicato ELA, por su parte, anunció que convocará movilizaciones en próximas fechas en respuesta al «pago cómplice de los gobiernos a los poderes financieros y a la Unión Europea por el préstamo envenenado realizado al Estado español para el supuesto rescate del sistema bancario».

Por ello, pidió a los trabajadores de los servicios públicos que participen en las movilizaciones que el sindicato va a poner en marcha con el objetivo de «detener el mayor derrumbe de derechos laborales y sociales de los últimos años».

En Nafarroa, el sindicato Afapna se mostró «totalmente en contra» de los recortes al considerar que suponen «un desprecio absoluto a la labor de los empleados públicos», que en muchos casos sufrirán una pérdida de poder adquisitivo de más del 20%.

UGT-Navarra, por su parte, auguró que la subida del IVA acarreará «cierres generalizados» de los pequeños negocios, y consideró que los nuevos recortes a funcionarios y desempleados también incrementarán «gravemente» la contracción del consumo .

En una nota, argumenta que tendrá efectos «muy negativos» en la evolución del comercio minorista, actividad que ya viene sufriendo «drásticas caídas» desde hace cuatro años.

Para el sindicato agrario COAG, la subida del IVA supondrá un sobrecoste anual superior a los 412 millones de euros para los profesionales del sector agrario en todo el Estado.