La Ponencia para la Paz y la Convivencia del Parlamento de Gasteiz ha acordado una propuesta de principios y compromisos en el que se aboga por avanzar hacia un escenario de paz y convivencia que evite «una verdad a medias, reprimida o amnésica» respecto a la violencia ejercida en este país y a las víctimas causadas por ella. Un objetivo saludable que, sin embargo, queda en entredicho por la práctica diaria de algunos de los partidos firmantes, que si en algo se han empeñado en los últimos meses ha sido precisamente en amputar una parte importante de esa verdad y en reprimir su visualización. Es el caso del PP, que ni siquiera es capaz de reconocer a las víctimas de la violencia estatal, que se cuentan por miles en este pueblo.

El documento parece una recopilación de lugares comunes que no comprometen a nada, en el que se advierte además una intención de descargar de responsabilidad al Estado y centrarse en la actividad armada de ETA. Así, para los grupos firmantes, la consolidación de este nuevo tiempo «solo será posible con la desaparición definitiva» de la organización armada, pero nada se dice de la violencia que siguen ejerciendo Madrid y París. Del mismo modo, es un cruel sarcasmo sostener que el respeto a la dignidad humana, a la persona y a los derechos humanos prevalecen sobre cualquier idea política o «razón de Estado», cuando los derechos de cientos de personas encarceladas son sistemáticamente vulnerados por causa de esa misma razón de Estado. Cuando el PP ni siquiera es capaz de liberar a los presos y presas con enfermedades graves e incurables, es lógico pensar que cualquier declaración de intenciones firmado por ese partido no es más que papel mojado.

Entre sus principios, la Ponencia apuesta por reconocer la responsabilidad de cada agente «en el pasado», así como las consecuencias de sus actos. Sería más provechoso que cada cual empezara a asumir su responsabilidad presente, para construir un futuro en paz y una convivencia respetuosa con los derechos de todos.