Abdullah y Meryem, una bien avenida pareja de veinteañeros kurdos, perdieron su casa y todas sus pertenencias en el terremoto de 7,2 grados de magnitud que sacudió la ciudad de Van el pasado octubre. El temblor dejó 604 muertos, más de 4.000 heridos y miles de desplazados. Desde hace siete meses habitan un piso de Batman que una familia local cedió para que afectados por el seísmo pudieran alojarse. El trabajo de equipos municipales de todo Kurdistán Norte coordinados por el DTK permitió localizar viviendas para realojar a los desplazados.

«En Van se ha demostrado que tenemos el poder y la capacidad para ayudar a la gente al margen del Estado. Durante este tiempo las municipalidades coordinadas a través del DTK han ayudado a miles de personas y han mantenido reuniones frecuentes para analizar la situación y ver qué necesidades hay que cubrir», explica a GARA Demir Çelik, diputado del Partido Paz y Democracia (BDP) en Mus y responsable del área política del DTK. «El Estado quiere vaciar y evacuar a toda la gente de Van, ya que es una ciudad kurda. Nuestro cometido ha sido enseñarles cómo pueden vivir en su propia ciudad después del terremoto», añade el político kurdo para resaltar la eficacia del órgano autonómico en la gestión de la catástrofe.

Autogestión al margen de Ankara

Ante la negativa del Gobierno del primer ministro, Recep Tayyip Erdogan, de incluir un estatuto autonómico para Kurdistán Norte en la reforma constitucional que se prevé en breve, el DTK, plataforma unitaria kurda que aglutina políticos y alcaldes del BDP, intelectuales, sindicatos y asociaciones, decidió proclamar la Autonomía Democrática el 14 de julio de 2011. El DTK defiende la autogestión autonómica al considerar que el Ejecutivo turco tiene una estructura excesivamente burocrática y centrista que debe ser rebajada y enfocada de un modo más local. Para esta organización, este cambio de modelo es crucial para que los recursos regionales se utilicen de acuerdo con las necesidades locales y asegurar que la socidedad pueda participar en la toma de decisiones.

La propuesta constitucional del DTK rechazada por Ankara no solo prevé un estatuto para Kurdistán Norte, sino un modelo federal que reconozca a los diferentes grupos étnicos y culturales que conviven en Turquía. Otro de los puntos del plan kurdo es la posbilidad de realizar la educación y las gestiones de los servicios públicos en los idiomas nativos, así como las actividades científicas, religiosas y artísticas.

«Las municipalidades estamos trabajando activamente para dinamizar las asambleas y colectivos con el objetivo de obtener las decisiones desde la base de la sociedad. La autonomía es un proceso a largo plazo que requiere de la implicación de toda la sociedad civil para poder completarlo», explica Abudllah Demirbas, alcalde de Diyarbakir Sur.

«Cuando declaramos la Autonomía Democrática, diseñamos el trabajo en ocho áreas específicas. En el área política, social, económica, legal y de medio ambiente se han producido avances significativos», destaca Demir Çelik. Las municipalidades han apos- tando por una comunicación bilingüe para abrir la lengua y la cultura kurdas a la sociedad. Çelik lamenta que las «trabas del Estado están dificultando el trabajo en educación, salud y cultura».

Para mejorar la gestión en estos ámbitos el DTK tiene previstos diferentes encuentros. Según Demirbas, «el reto es conseguir cambiar la mentalidad de la gente, ya que todavía tienen la creencia que no somos capaces de llevar a cabo este proyecto de Autonomía Democrática». Su puesta en marcha se está viendo seriamente perjudicada por la oleada masiva de detenciones y sentencias contra políticos, sindicalistas y activistas kurdos. Desde la ilegalización del Partido de la Sociedad Democrática (DTP) en 2009 han sido detenidas más de 9.000 personas, más de 6.000 en el último año después de los buenos resultados del BDP en los comicios generales de 2011.

«La Autonomía Democrática fue declarada fuera del marco legal del Estado y desde el inicio el Gobierno ha tratado de criminalizar y deslegitimar el proyecto para impedir que podamos desarrollarlo y darlo a conocer a la sociedad», denuncia Demir Çelik. «No puedo decir que hayamos conseguido todos los objetivos porque estamos siendo sometidos a una presión muy grande por parte del Estado turco. Este contexto de continuas operaciones policiales ha mermado nuestra capacidad política aunque estamos tratando de sobreponernos», añade el diputado del BDP en la provincia de Mus.

En el marco de las operaciones de las autoridades turcas contra la Unión de Comunidades del Kurdistán (KCK), a la que Ankara vincula con el Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK) y acusa de pertenencia o colaboración con organización «terrorista», en los últimos días ha comenzado el macrojuicio en Estambul contra 193 kurdos y han sido detenidos una treintena de dirigentes y miembros de la Confederación de Sindicatos de Trabajadores Públicos (KESK).

Ertugrul Kurkçu, diputado del BDP y miembro de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento turco, denuncia que «la estrategia de seguridad del Gobierno turco tiene como objetivo obstaculizar cualquier tipo de negociaciones para que el PKK siga con su lucha armada y así poder criminalizar el movimiento de liberación kurdo de cara a la opinión pública y legitimar su represión política, militar y judicial».