El Gobierno foral de José Luis Bilbao sigue empeñado en tratar de convencer a la opinión pública de que la situación económica en Bizkaia es mejor que en otros territorios, empezando por las finanzas de los consistorios. La llegada de Bildu a 35 de las 112 alcaldías vizcainas, así como el haberse convertido en la primera fuerza de la oposición en el conjunto del herrialde, ha destapado la quiebra técnica o el peligro de caer en ella que hay en muchos consistorios.

Urduña, Bakio, Dima y Alonsotegi son cuatro ejemplos. Ante este panorama, la institución foral ha aprobado un plan de ajuste -publicado ayer en el BOB- por el que se permite a los ayuntamientos afectados -se estima que rondan entre 30 y 18, según las fuentes- acogerse a un endeudamiento extraordinario para pagar lo que deben a contratistas y proveedores. De este modo, la Diputación permitirá, después de la presentación del pertinente estudio y plan particular de viabilidad, elevar el límite de endeudamiento. Ella asumirá las cuotas de los créditos, que se podrán amortizar en 15 años, descontándose de las partidas que al municipio le corresponda del fondo Udalkutxa.

A raíz de la sucesión de casos que se han ido detectando, el grupo juntero de Bildu preguntó a la Diputación acerca de los planes específicos que tenía para aliviar la situación económica de los municipios. La respuesta del diputado foral de Presidencia sorprende, ya que el jeltzale Juan María Aburto elude cualquier tipo de responsabilidad en esas quiebras técnicas, a pesar de que es esa institución la que debe tutelar las finanzas locales, al autorizar, por ejemplo, los créditos en los que se embarcaron muchos de esos consistorios bajo gobiernos del PNV para impulsar equipamientos u otras actuaciones.

«Bizkaia es proporcional y cuantitativamente el territorio de la Comunidad -en referencia a la CAV- con menos ayuntamientos en situación `crítica', aunque los hay», manifiesta. Sí reconoce que han mantenido reuniones con aquellos municipios que les han trasladado «sus dificultades económicas». Este es el caso de Urduña.

Aburto detalla que algunos de los consistorios han solicitado apoyo externo para efectuar un análisis de su situación y sus correspondientes planes de saneamiento. Otros, añade, han optado por afrontar con sus recursos los citados trabajos.

La conclusión general que extraen desde la Diputación vizcaina «es que esos ayuntamientos tienen que reducir sus gastos, gestionando de una manera más eficaz todas las áreas y los servicios que prestan». Lo que descarta Aburto es un «plan específico para rescatar a aquellos ayuntamientos que hayan tenido una mala gestión `en el mandato anterior' porque los criterios de prudencia y de buena gestión que han realizado la mayoría de los ayuntamientos de Bizkaia no puede ser agraviada con una ayuda más allá de la que nos permite los ajustes normativos en lo referente a fórmulas de financiación».

Asimismo, aunque se supone que la institución foral debe mantenerse vigilante y controlar las finanzas locales, Juan María Aburto abunda en que tienen que ser «los propios ayuntamientos los que deben asumir su responsabilidad dentro del concepto de la autonomía municipal».