DRÁSTICO TIJERETAZO DEL GOBIERNO ESPAÑOL
Sindicatos y colectivos sociales responderán en la calle a Rajoy
Sindicatos y colectivos sociales responderán en la calle, los días 17 y 18 de julio, a «la mayor recorte social de los últimos tiempos». Habrá concentraciones ante la sede de Lanbide y el Servicio Navarro de Empleo, y al día siguiente caceroladas ruidosas en 21 comarcas de Euskal Herria. Amaiur, por otro lado, rechazó «el mayor y más reaccionario paquete de recortes y agresiones sociales». Pidió a la sociedad vasca que se oponga y exigió un marco soberano.
Juanjo BASTERRA | BILBO
Los colectivos sociales y sindicales que convocaron en Hego Euskal Herria la pasada huelga general del 29 de marzo anunciaron ayer movilizaciones para los días 17 y 18 de julio en 21 comarcas de Hego Euskal Herria como respuesta a las medidas del Gobierno español del PP que suponen «el mayor recorte social de los últimos tiempos». Las centrales sindicales presentes en la rueda de prensa fueron ELA, LAB, ESK, STEE-EILAS, EHNE, Hiru, CGT-LKN y CNT.
Olatz Igartua, de Gazte Independentistak, Salvador Cañero, de la Asamblea de Parados de Santurtzi, Arantza Fernández de Garaialde, de STEE-EILAS, y Dabid González, de CGT-LKN, acompañados por Periko Solabarria, recordaron que el 17 de julio a las 11.00 se concentrarán ante las oficinas de Lanbide en Bilbo, Basauri, Barakaldo, Erandio, Gernika y Iurreta, en Bizkaia. En Gipuzkoa serán en Tolosa, Eibar, Arrasate, Azpeitia, Errenteria y Donostia. En Araba las concentraciones ante Lanbide se desarrollarán en Laudio, Gasteiz y Oion, mientras que en Nafarroa se extenderán por las oficinas del Servicio Navarro de Empleo entre las poblaciones de Iruñea, Lizarra, Tafalla, Tutera, Altsasu y Doneztebe.
Al día siguiente, día 18 de julio, a las 19.00 se orgnizarán «caceroladas-concentraciones ruidosas en los lugares habituales de las comarcas», explicaron en la rueda de prensa.
En la comparecencia pública los cuatro portavoces de más de medio centenar de colectivos sociales y sindicales manifestaron la confianza en que «la movilización social sea la vía para mostrar nuestro rechazo a estos recortes y para conseguir el cambio de las políticas».
La respuesta no terminará ahí, puesto que los contactos entre todos los grupos se han intensificado estos días para hacer frente «al mayor recorte de los últimos tiempos» porque, en realidad, lo que ha llevado adelante el Gobierno de Mariano Rajoy, «supone meter mano en el bolsillo de la mayor parte de la población, ya que se van a recortar los ingresos de las personas en desempleo, las pensiones, las prestaciones por dependencia y los salarios del personal al servicio de las administraciones públicas (eliminando una paga extra y varios días festivos)».
«Hay alternativa»
En este encuentro ante la prensa, representantes sindicales y de los colectivos sociales advirtieron de que «hay alternativas reales» frente a los recortes, lo que se necesita «es voluntad política para aplicar políticas distintas».
Porque a su juicio, «la salida justa a la crisis consiste en la no aplicación de los recortes y en un cambio radical de las políticas fiscales y sociales». Por lo que pidieron «la retirada de los recortes» e hicieron un llamamiento «a todas las instituciones de Hego Euskal Herria que no las apliquen».
Destacaron como medida negativa la subida del IVA que «va a encarecernos los productos que compramos» y rechazaron la rebaja de las cotizaciones sociales «que tiene por objetivo aumentar los beneficios empresariales». De hecho, los Técnicos de la Hacienda estatal, agrupados en la organización Gestha, aseguraron que la subida del IVA en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa costará 436 euros a cada hogar y en Nafarroa subirá hasta los 522 euros.
Los portavoces de los colectivos sociales y sindicales denunciaron además que los recortes se producen porque el Gobierno español del PP «ha decidido dar 100.000 millones a la banca para tapar sus agujeros. Para esto sí hay dinero», por lo que denunciaron que «se está quitando dinero a la población para dárselo a la banca. Es una política injusta e inmoral».
Un poco antes de esta comparecencia, representantes de ELA y LAB del sector público se concentraron ante la sede del Ejecutivo de Gasteiz en la Gran Vía de Bilbo para exigir que no se apliquen los recortes. CCOO y UGT se concentraron ante la Seguridad Social. En esta protesta, el secretario general de CCOO de Euskadi, Unai Sordo, insistió en que no descartan la convocatoria de una huelga general.
Amaiur: ataque directo del PP
Amaiur ofreció ayer por la tarde una valoración de urgencia de «la agresión» más importante que el PP ha llevado adelante en esta legislatura. A juicio de la colación soberanista, las medidas afectan de forma exclusiva «a la clase trabajadora, a la gente de la calle y, ninguna de ellas, afecta de manera directa a las clases pudientes y, mucho menos, a los sectores que han originado la crisis».
Un tema que destacó Amaiur tiene que ver con la amnistía fiscal, porque mientras se recorta a la mayoría de la sociedad, se perdona el pago de impuestos a los defraudadores. «Esta siendo más amplia de lo que se nos había dicho» y, por otro lado, remarcó que «las medidas en materia energética repercutirán en los consumidores». Tildó al Gobierno del PP de «cínico y mentiroso», a la vez, de «sumiso ante la banca y las grandes corporaciones». La formación soberanista considera que el PP «se aprovecha de la crisis para recentralizar el Estado español», por lo que reclamó el marco soberano «para constuir una sociedad más justa y solidaria».
El Gobierno español aprobará este mes la liberalización del transporte ferroviario y aeroportuario y, por este motivo, ha convocado con «carácter de urgencia» a los sindicatos con presencia en Renfe y Adif.
La vicepresidenta, Soraya Saenz de Santamaría, explicó que aprobarán este mismo mes una nueva ley para terminar con el denominado déficit de tarifa y para «mejorar la competitividad» de las empresas.
El ministro Luis de Guindos anunció la creación de un fondo para «cubrir las necesidades de financiación» de las comunidades autonómicas, que podrá llegar a un máximo de 18.000 millones de euros.
El Consejo de Ministros certificó ayer, entre otras medidas, el alza del IVA -que será a partir del 1 de setiembre-, la bajada de la prestación por desempleo y la supresión en 2012 de la paga extra de navidad además de la reducción de días libres a los funcionarios del Estado. La espectacular proporción del ajuste es el equivalente, según el Ejecutivo español, a 65.000 millones de euros en dos años y medio.
Una de las medidas más esperadas era saber cuándo entraba en vigor la subida del IVA, decisión que el Gobierno de Mariano Rajoy ha aplazado al 1 de setiembre. Según el ministro Cristóbal Montoro, se ha elegido esta fecha para no «distorsionar la actividad económica y por ser técnicamente la más operativa» y, supuestamente, para favorecer al turismo.
Pero el IVA no sufre solo modificación en sus tipos general (pasa del 18 al 21%) y reducido (del 8 al 10%), sino que también se produce un trasvase de productos del tipo reducido al general. Así, transportes, hostelería y los bienes de la cesta de la compra se mantienen en el reducido, pero dan el salto al general actividades como cadenas de peluquería y estética, discotecas, servicios funerarios, espectáculos, gafas y lentillas.
Por su parte, el tipo superreducido, que grava con un 4% productos como los alimentos básicos, no se tocará.
Por otra parte, los nuevos parados verán reducida su prestación por desempleo a partir del séptimo mes, al pasar del 60% al 50% del cobro de la base reguladora, aunque no se modificará la duración máxima de esta ayuda, 24 meses.
Además, Montoro añadió que el 1 de enero de 2013 se suprimirá la deducción fiscal por adquisición de vivienda, al igual que el tipo superreducido del 4% para la compra de nueva vivienda, que pasará al reducido, del 10%. Dentro del impuesto de sociedades, se produce un incremento transitorio de los pagos fraccionados, al elevarse el importe mínimo del 8 al 12%.
Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, anunció que este mes se aprobará la liberalización del transporte ferroviario y aeroportuario, la flexibilización y acceso al mercado del alquiler y se acometerán reformas en la ley del transporte terrestre.
En la rueda de prensa, Sáenz de Santamaría indicó además que también se aprobará este mes de julio una ley para paliar el problema del déficit de tarifa eléctrica, que implicará cambios en el «esquema fiscal energético».
Por su parte, está previsto que se liberalicen también los servicios profesionales y aprobar la Ley de Unidad de Mercado para homogeneizar las licencias de apertura de negocios.
El Gobierno español llevará al Tribunal Constitucional al Ejecutivo de Gasteiz por su decreto con el que pretende evitar la reforma sanitaria promovida por la ministra Ana Mato que introduce el copago sanitario.
