Grupos defensores de los derechos de los inmigrantes han incrementado sus presiones para un tribunal federal en Phoenix anule una cláusula de la polémica ley SB1070 contra los inmigrantes en situación irregular en Arizona, al considerar que discrimina a los latinos. La juez federal Susan Bolton emitirá la próxima semana un dictamen en relación a la controvertida «sección 2B», que permite a la Policía de Arizona pedir «los papeles» a cualquiera que detenga por cualquier infracción y sobre el que tenga «sospechas razonables» de que está en el país de forma ilegal.

La Unión de Libertades Civiles de EEUU (ACLU), que dispone de 8,7 millones de dólares para combatir esta ley, confía en que la juez, que bloqueó temporalmente la «sección 2B» en julio de 2010, la anule en su totalidad porque estima que se ensaña injustamente con los inmigrantes.

El Tribunal Supremo anuló el 25 de junio tres de las cuatro cláusulas más polémicas pero dejó en pie la «sección 2B».

El martes, la ACLU y otros grupos pro derechos civiles presentaron un recursos ante Bolton para que frene la aplicación de esta cláusula y de otra que castiga a quienes presten ayuda a los inmigrantes en situación irregular.