Vladimir Putin estampó ayer su firma para la entrada en vigor de la ley que endurece el control de la financiación internacional a los grupos pro derechos civiles que operan en el país, que criticaron duramente la medida avalada por la Presidencia rusa al considerarla un ataque contra sus libertades.

La ley, aprobada recientemente por ambas cámaras del Parlamento, considera políticamente activas a las ONG que reciban financiación desde el exterior y, al mismo tiempo «financien u organicen acciones políticas que persigan influir en la toma de decisiones de instituciones estatales» y participen en la formación de la opinión pública con dicho objetivo.

Las ONG que entren la categoría de «agentes extranjeros» deberán inscribirse en un registro creado a tal fin en el Ministerio de Justicia, tras lo cual deberán rendir cuentas a través de una auditoría contable anual e informes semestrales sobre su actividad.

Para cumplir este trámite, las ONG involucradas en «actividades políticas» tendrán un plazo de 120 días a partir de la entrada en vigor de la ley.

Los responsables de las organizaciones que se nieguen a presentar la documentación para ser incorporadas al registro podrán ser sancionados con multas de hasta 300.000 rublos (unos 7.500 euros), 480 horas de trabajos comunitarios e, incluso, penas de prisión de hasta dos años.

Para la oposición, el presidente ruso intenta silenciar a los grupos que critican su gestión en el ámbito de los derechos humanos y que contribuyeron a alimentar las largas protestas contra su estrategia para mante- nerse en el poder, bien en calidad de primer ministro o bien de presidente.

La ley, promovida por el partido de Putin, Rusia Unida, ha sido rechazada por las organizaciones de defensa de los derechos humanos, que la denuncian como un intento de desprestigiar y limitar sus labores.

«No acataremos la ley»

El movimiento ruso Por los Derechos Humanos, una de las mayores ONG rusas, anunció inmediatamente después de conocer su promulgación que no acatará la ley. «No acataremos la ley. Somos agentes de los ciudadanos rusos y continuaremos recibiendo subvenciones desde el exterior de manera transparente, como hasta ahora», señaló el líder de la organización, Lev Ponomoriov, en declaraciones a la agencia Interfax.

«Las autoridades adoptarán medidas contra nosotros. Nos defenderemos con recursos legales: recurriremos al Tribunal Constitucional», indicó Ponomoriov, que calificó la ley de «atentado contra la sociedad civil».

En parecidos términos se expresó la presidenta del Grupo de Helsinki de Moscú (GHM), la octogenaria Ludmila Alexeyeva, quien anunció también que esa ONG, que recibe fondos de la Comisión Europea, el Fondo McArthur y la Agencia para el Desarrollo Internacional estadounidense (USAID), no se inscribirá en el registro de agentes extranjeros.

«No sé qué habrá que sacrificar, pero mientras esté viva no lo consentiré», aseguró Alexeyeva, quien en tiempos de la Unión Soviética fue uno de los líderes del movimiento disidente.