SENTENCIA POR EL CASO BRAVO
Bravo, condenado a once años de cárcel por el fraude de Irun
El exdirector de la oficina de Hacienda no ingresó en las arcas forales los más de 1,6 millones de euros que cobró a contribuyentes morosos, según la sentencia de la Audiencia de Gipuzkoa que le obliga a devolver el dinero y le impone una multa millonaria. Condena también a su exesposa
Iraia OIARZABAL | DONOSTIA
Dos meses después de que finalizará el juicio por el fraude a la Hacienda guipuzcona, la Audiencia de Gipuzkoa publicó ayer la sentencia que condena al exjefe de la Hacienda de Irun José María Bravo a once años de prisión. A la exmujer de Bravo, Rosa Cobos, le impone una pena de tres años y cuatro meses de prisión. Asimismo, ambos deberán hacer frente a diferentes multas. La sentencia impone penas superiores a las que incluia el pacto alcanzado entre la Fiscalía y la defensa del acusado, y que finalmente, la acusación particular formada por la Diputación y las Juntas Generales de Gipuzkoa se negó a aceptar.
Bravo era el principal acusado en el caso y finalmente deberá afrontar una condena de once años de prisión. La fiscalía pidió una pena de 24 años, mientras que la acusación particular solicitó una condena de 27 años de cárcel. En concreto, la pena establecida por la Audiencia guipuzcoana se divide en siete años de prisión y 16 de inhabilitación absoluta para todo cargo o empleo público por malversación de caudales públicos en modalidad agravada de especial gravedad.
Además, se le impone otra pena de tres años de cárcel y una multa de dos millones de euros por un delito de blanqueo de capitales y otro año de prisión, 3.600 euros e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante la condena por un delito de alzamiento de bienes.
La sentencia establece también una inhabilitación de nueve años para todo cargo en la Administración tributaria por un delito continuado de prevaricación administrativa.
Del mismo modo, se establece el decomiso de bienes de Bravo con un límite de 1.661.157 euros. Bravo deberá devolver a la Hacienda guipuzcoana 1,9 millones de euros más intereses correspondientes por el dinero desviado y los perjuicios ocasionados a está institución. No obstante, el acusado queda absuelto de los delitos de estafa y usurpación de funciones públicas.
Tres años para Cobos
En cuanto a la exmujer de Bravo, Rosa Cobos, también imputada en la causa, se le condena a tres años y cuatro meses de prisión -frente a los seis años y tres meses solicitados por la fiscalía y los siete años y tres meses que pedía la acusación particular- e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante la duración de la condena por un delito de blanqueo de capitales y otro de alzamiento de bienes, a pesar de que su defensa alegó que podía haber sido engañada por su entonces esposo al asegurar que Cobos desconocía la existencia en sus cuentas de «cantidad alguna que proviniera de los contribuyentes».
También deberá hacer frente al pago de una multa de dos millones de euros por un delito de blanqueo de capitales. En el caso de que ambos condenados no cumplan con el pago de sus respectivas multas, se les aplicará un día de privación de libertad por cada 10.000 euros no abonados. Cobos, por su parte, deberá pagar una multa de 2.520 euros por alzamiento de bienes. Al igual que en el caso de Bravo, el tribunal ordena el decomiso de sus bienes hasta un límite de 1.661.157 euros.
Dinero «desaparecido»
La sentencia ratifica la absolución de Pedro María Atristain, exsocio de Bravo. En sus más de 300 páginas, mantiene que el exjefe de la oficina de Hacienda de Irun no ingresó en las arcas forales los más de 1,6 millones de euros que cobró a contribuyentes morosos.
Y es que el fraude por el que han sido condenados Bravo y Cobos consistió en el cobro de diversas cantidades de dinero a decenas de contribuyentes que tenían deudas con el fisco. En algunos casos, se hicieron rebajas en las deudas fiscales que no fueron ingresadas en las arcas forales y posteriormente fueron datadas por prescripción o insolvencia.
Una segunda parte del fraude se llevó a cabo en un momento en el que ya estaba en marcha el proceso judicial contra Bravo y Cobos y se había iniciado el correspondiente expediente de embargo de sus bienes, cuando el matrimonio vendió una vivienda unifamiliar que poseía en Urruña (Lapurdi).
La sentencia se apoya en un informe pericial de los ingresos en las cuentas de la Hacienda foral entre 1991 y 2004, que presentó durante el juicio una técnica de la Agencia Tributaria. Así, echa por tierra la tesis central del procesado, que defendió durante la vista que el dinero desaparecido se encontraba en las arcas forales, donde no habría sido localizado por los responsables de Hacienda.
Mientras las defensas de José María Bravo y Rosa Cobos no quisieron comparecer para valorar la sentencia hecha pública por la Audiencia provincial de Gipuzkoa, el director de la Hacienda guipuzcoana, Xabier Olano, y la presidenta de las Juntas Generales, Lohitzune Txarola, se mostraron satisfechos por la resolución. Calificaron el juicio y la sentencia de ejemplares y recalcaron que es una buena noticia para los guipuzcoanos.
Hicieron hincapié en que más allá de las penas impuestas, la multa de dos millones de euros impuesta a cada uno de los acusados «hace justicia a los ciudadanos». Recordaron además que en caso de que no se pague la multa por cada 10.000 euros no abonados tendrán que pasar un día más en prisión. Asimismo, subrayaron la importancia de que Bravo deba devolver los 1,9 millones que incautaron a las arcas de la Hacienda de Gipuzkoa. Explicaron que esta última cantidad se devolverá del dinero que ya está embargado.
Por su parte, la izquierda abertzale valoró en una nota de prensa que esta sentencia es muestra «de un caso más de oscurantismo y corrupción». Recordó que era el PNV quien estaba en el poder cuando se dieron los hechos y pidió que se depuren responsabilidades, cuestión en la que coincidió el PSE de Gipuzkoa. I.O.
Tras conocer la sentencia, el PNV la calificó como «justa y contundente» y señaló que la formación «siempre ha defendido un principio de tolerancia cero ante este tipo de comportamientos», por lo que abogó por perseguir todos los delitos de fraude.
La portavoz del PSE en las Juntas Generales de Gipuzkoa, Rafaela Romero, se mostró «insatisfecha» con la sentencia y pidió al PNV que explique su forma de gestionar la Hacienda foral guipuzcoana cuando sucedieron los hechos.
En sendas notas de prensa, Aralar y EA valoraron positivamente la sentencia contra Bravo como paso adelante contra el fraude fiscal y abogaron por una política fiscal transparente para que no vuelvan a repetir episodios de corrupción.
El de Irun no es el único caso de fraude relacionado con las haciendas de la CAV. De hecho, hace apenas dos meses, el exjefe de la Inspección Fiscal de Bizkaia fue condenado a 4,5 años de cárcel por un delito continuado de falsedad en documento oficial.
