El exjefe de la oficina de Hacienda de Irun, José María Bravo ha sido condenado a 11 años de prisión, a penas de inhabilitación y al pago de multas por el caso de fraude en esta delegación tributaria. Seis años después de que este caso saltará a la luz, la Audiencia de Gipuzkoa ha dictado una sentencia que, más allá de las valoraciones y notas de prensa, ha certificado la existencia de unas prácticas corruptas. Que una institución, entonces gobernada por el PNV, no tuviera conocimiento de semejantes tramas, ni activara los mecanismos de alarma resulta, al menos, sospechoso. Y que los jueces tengan que hacer un trabajo que les corresponde a los responsables políticos e institucionales habla muy mal de estos y retrata una pésima gestión. El PNV debe explicaciones a los ciudadanos de Gipuzkoa: por qué no investigó ni aportó los datos en su poder para el esclarecimiento de este robo de dinero público. Y otro tanto en el caso del exjefe de recaudación de Bergara y entonces jefe de la oficina técnica del diputado general González de Txabarri.

El PNV se presentó ayer como adalid de la tolerancia cero frente a estos fraudes. A la vista de los hechos, una actitud comprensible. Pero ni ética ni estéticamente presentable.