Hace algo más de un mes en estas mismas páginas augurábamos un recrudecimiento del enfrentamiento político en Latino- américa como consecuencia del abierto desafío lanzado en la llamada Cumbre de las Américas celebrada el pasado abril en Cartagena de Indias a la tradicional hegemonía norteamericana en la región. No ha hecho falta mucho tiempo para constatar mediante acontecimientos y noticias que el subcontinente ha entrado en una compleja y larga guerra de posiciones de resultado variable.

Todavía resonaban los escándalos de la pasada reunión continental cuando el Gobierno peruano de Ollanta Humala procedía a realizar un claro giro a la derecha al excluir de su gabinete a todos los cargos de corte progresista al tiempo que endurecía su posición, y la represión, a favor del megaproyecto minero de Canga, impulsado por empresas estadounidenses, que amenaza con afectar seriamente las fuentes de agua potable de la región de Cajamarca. Casi al mismo tiempo, y para que no quedasen muchas dudas, el presidente peruano participaba, junto a sus homólogos chileno y colombiano, en una reunión al más alto nivel cuya intención parece ser «reconstruir» la alianza de países del Pacífico (con la exclusión de Ecuador) socios de EEUU, como si se tratase de un muro de contención a las políticas de cambio social e integración que se desarrollan en toda la zona y amenazan con seguir extendiéndose.

Un golpe repetido, ahora en Asunción. El segundo movimiento, más mediático y fácil de constatar, ha sido el derrocamiento mediante un golpe de Estado institucional del presidente paraguayo, Fernando Lugo. En esta acción, encabezada y dirigida abiertamente por una oligarquía terrateniente que posee el 80% de la tierra cultivable del país, se emplearon mecanismos y argumentos muy similares a los utilizados en el caso de la destitución del hondureño Manuel Zelaya. Mismo guión, mismo resultado: quebrar la voluntad popular interna y romper los eslabones más débiles del polo de gobiernos progresistas y revolucionarios, y para ello estos poderosos sectores reaccionarios no dudan en apoyarse, una y otra vez, en las contradicciones internas nacionales. Entre estas destacan, por su importancia, liderazgos inconsistentes que no consiguen articular un movimiento político y social de transformación que los apoye y, sobre todo, demasiadas promesas incumplidas. El ejemplo en Paraguay son la siempre pendiente reforma agraria y la depuración del sistema político, policial y militar, herencia de cincuenta años de dictadura.

Sin embargo, si hablamos de una «guerra de posiciones», a toda acción le corresponde una reacción al menos equivalente. Tal sería el caso de la abierta reactivación de los movimientos populares en el caso peruano, que mantiene al Gobierno de Humala en una posición defensiva, apoyado peligrosamente en los sectores que votaron abiertamente «contra él» en las elecciones presidenciales. Mientras en el caso paraguayo, a las consecuentes reacciones sociales internas en contra de este «golpe a la carta» hay que sumarle el inmediato rechazo de sus vecinos del Mercosur (Brasil, Argentina y Uruguay) y de los de la Alianza Bolivariana (ALBA) que parecen condenar, por el momento y hasta nuevo aviso, al ilegítimo Gobierno paraguayo a un aislamiento internacional en lo que se refiere a las organizaciones regionales, especialmente la UNASUR.

De manera indirecta, el golpe en Paraguay ha conseguido dos efectos sumamente interesantes. El primero es que, dado que el hoy golpista Parlamento paraguayo era el único obstáculo a la integración de Venezuela al Mercosur, la exclusión del país guaraní ha permitido inmediatamente dar luz verde a la entrada de la República Bolivariana como miembro pleno, a partir del próximo 30 de julio, a este consistente y exitoso espacio económico-comercial. Y el segundo efecto colateral de la asonada paraguaya ha sido reactivar la crisis de identidad y objetivos de la cuestionada Organización de Estados Americanos, OEA , cuyo aparato político-administrativo ha tenido, como era previsible, una reacción más que tibia, condescendiente, ante el derrocamiento del presidente Fernando Lugo. Por lo tanto, la OEA vuelve a estar en la mirilla de los países del ALBA, y ahora también del Mercosur, bajo la verosímil acusación de seguir siendo un mero instrumento de intervención y desestabilización del Gobierno de EEUU en la región.

El caso mexicano. Miradas y reflexiones detalladas merecen los procesos electorales, en curso o próximos, en el hemisferio, donde las disyuntivas se proyectan más allá de lo interno y se pueden inscribir fácilmente en esta activa guerra de posiciones ideológicas, políticas y económicas a nivel continental. En el caso mexicano, la noticia se centra en la reciente victoria del candidato del viejo Partido Revolucionario Institucional (PRI), disfrazado en esta ocasión bajo el rostro joven, competente y «moderno» del candidato Enrique Peña Nieto, que ha contado, según diversas revelaciones de prensa, con el apoyo irrestricto y sumamente generoso de los más importantes medios financieros del país, sus numerosos e influyentes medios de comunicación, así como de los círculos de poder de su vecino estadounidense, frente a la incógnita-peligro que suponía el candidato de la coalición progresista, Manuel López Obrador.

Más allá de las marcadas y reiteradas irregularidades electorales, casi consustanciales al propio sistema mexicano, no parece que nadie esté dispuesto a jugar a una «desestabilización» interna, dado el tamaño, importancia y trascendencia de este país-frontera, así que parece que todas las partes finalmente volverán a acatar, a la larga, el resultado de una «victoria» anunciada, engrasada y bien preparada. Sin embargo, en esta ocasión todo indica que el rédito político puede ser tan inestable como la propia nación azteca, que desde hace seis años está sumida en una extraña y poco conocida guerra «civil» relacionada con el tráfico internacional de drogas, cuyo resultado hasta el momento es de más de 50.000 muertos y unos 10.000 desaparecidos. El nuevo presidente mexicano no parece que podrá gobernar ni actuar como en otras etapas pues al conflicto del «narco» tendrá que añadirle el neto avance de las fuerzas de izquierda, que han conseguido reforzar de manera considerable su presencia en el Congreso, y han obtenido una aplastante victoria en la capital con más del 60% de los votos, sin olvidar los nuevos y muy activos movimientos sociales protagonizados por numerosos jóvenes articulados en torno a las redes sociales, que ya no creen en el sistema ni en sus instituciones.

Próximas contiendas electorales a seguir. En esta mirada panorámica, los resultados y matices de las próximas citas electorales serán cruciales para valorar el desarrollo y evolución de este conflicto de intereses contrapuestos entre la complicada alianza de gobiernos, partidos y movimientos sociales progresistas y/o revolucionarios, enfrentados abiertamente a la histórica hegemonía estadounidense y sus aliados regionales.

A las propias elecciones presidenciales estadounidenses previstas para dentro de cuatro meses, cuyos candidatos actualmente presentan un empate técnico, hay que sumarle que el 7 de octubre se realizarán las elecciones en Venezuela, país realmente clave en este contexto. El candidato y presidente, Hugo Chávez, nos anuncia desde ya su victoria aplastante, sin embargo, parece prudente ser cuidadosos y desconfiar de intenciones de votos frente a una oposición unida y financiada generosamente desde EEUU, dispuesta a desestabilizar e impugnar resultados. Para la primavera del próximo año están previstos los comicios en Paraguay, aunque antes habrá que ver cómo termina la actual distorsión constitucional, mientras que en Honduras, la esposa del derrocado presidente Manuel Zelaya, Xiomara Castro, anunciaba, ante más de cien mil personas, su aspiración a presentarse a la presidencia del país en las elecciones que se celebrarán a finales de 2013. Todo un reto para las fuerzas reaccionarias y proimperialistas que derrocaron violentamente a su marido.

Noticias más allá de los votos. En medio de tanto movimiento, habría que subrayar también otras noticias trascendentes como son la reciente reunión del Foro de Sao Paulo (coordinación de los partidos de la izquierda latinoamericana) celebrada en Caracas, y en el plano económico la significativas repatriación a Ecuador de 1.300 millones de dólares de sus fondos internacionales para inversiones públicas, o la información de que la reserva en divisas de Bolivia supera ya los 13.000 millones de dólares (un país que antes del Gobierno de Evo Morales se encontraba en quiebra y aparecía como la segunda nación más pobre del hemisferio, detrás de Haití).

Excelentes resultados económicos en estos tiempos, pero ¿entre quiénes se distribuyen y para qué? Quizás esta sea en última instancia la razón de esta compleja guerra de posiciones a la que nos referimos. Un conflicto continental que tiene aún bastante recorrido y que sin duda será motivo de próximos acontecimientos y noticias.