El Parlamento español, como era de esperar, ha respaldado el conjunto de las antisociales medidas anunciadas por Rajoy. La derechona ha sustituido el lema «¡Todo por la patria!» (que figura en el frontispicio de los cuarteles de la Guardia Civil) por el de «¡Todo por la deuda!».

Pagar una deuda, en su mayor parte privada, mediante fondos públicos obtenidos gracias a impuestos (sobre todo indirectos) y recortes en sanidad, enseñanza y ayudas sociales. Una vez más se privatizan ganancias y se socializan pérdidas, solo que esta vez a lo bestia, poniendo en peligro la supervivencia, la salud, y la educación de millones personas; destruyendo los pilares básicos del llamado Estado de bienestar (que en el Estado español llegó de forma tardía y harto limitada).

Con tal fin se ha decretado una sustancial subida de los impuestos. Pero al igual que recientemente hizo con el IRPF sobre las rentas salariales, la subida pesará y recaerá sobre las clases trabajadoras mediante el incremento del IVA (que aumentara del 18% al 21% en el tipo general y en el reducido del 8% al 10%). Como es sabido, el IVA es un impuesto indirecto que pagan los consumidores finales y tiene una fuerte carga regresiva. Es un impuesto «fácil», que pesa sobre la población -con escasos recursos para oponerse- y no sobre los detentadores de las fuentes de riqueza -ricos también en instrumentos de presión.

Si a las actuales subidas añadimos las habidas en julio de 2010, cuando el tipo general pasó del 16% al 18% y el reducido del 7% al 8%, nos encontramos con que el IVA -tan regresivo en términos sociales- aumentó en dos años un 23,8% en el tipo general y un 30% en el tipo reducido. O sea, cada familia gastará de media 800 euros más que en 2010, lo que significa que para una gran parte de la población casi un sueldo mensual se le irá en aumentos del IVA.

Todo ello ha generado una gran indignación y un gran numero de protestas y movilizaciones, que hacen predecible un próximo estallido social. Pero no basta indignarse, cabrearse, hay que preguntarse el por qué de estas actuaciones. Cuando los Zapatistas organizaron hace unos años en Chiapas el festival de la Digna Rabia, lo hicieron con la pretensión de esclarecer el por qué de la explotación, la opresión, el saqueo y la humillación que los de «arriba» descargan contra los de «abajo».

En relación con lo que nos ocupa, las preguntan son: ¿Por qué ha de pagar la ciudadanía las deudas de bancos y empresas? ¿Toda la deuda es legítima? ¿Hay que pagar de golpe toda la legítima? Si hablamos de finanzas: ¿Por qué no convertir el negocio financiero privado en una gran banca pública que invierta en actividad productiva y maximice el bienestar social? ¿Por qué no combatir la depresión de la demanda con incrementos generalizados de salarios y pensiones?

Si hablamos de paro y producción: ¿Por qué no repartir el trabajo y el empleo reduciendo la jornada laboral? ¿Por qué no impulsar inversiones masivas en energías alternativas, sanidad, enseñanza o investigación? Si hablamos de déficit: ¿Por qué no combatir y erradicar el fraude fiscal, estimado en un 6% del PIB (es decir, un monto de 70.000 millones de euros, equivalente a lo que el gobierno quiere ahorrar y recaudar sobre las espaldas de los más débiles)? ¿Por qué aceptar las transacciones con paraísos fiscales? ¿Por qué no incrementar la imposición sobre las ganancias empresariales y acabar con refugios como las SICAV en un país donde el Impuesto de Sociedades tiene un tipo efectivo en torno al 10%, debajo incluso del tipo nominal de la Irlanda prerrescate, situado en el 12,5%? ¿Por qué no restituir el impuesto sobre patrimonio y crear además un impuesto a las grandes fortunas? («El hundimiento de la economía española». Daniel Albarracín, Nacho Álvarez, Manuel Garí y Bibiana Medialdea).

Y es que, como tantas veces hemos dicho: La crisis se dirimirá en el terreno político. Se trata de luchar para que el coste de la crisis lo paguen sus responsables: banqueros, especuladores de todo tipo, sectores que han buscado el dinero rápido agrediendo los ecosistemas y generando un consumismo dilapidador. Igualmente sus colaboradores (gobiernos neoliberales y social liberales). Lo deben de pagar a cargo de sus bienes privados y si hace falta con responsabilidad penal.

Para responder con contundencia a tamaña ofensiva del capital y sus instituciones, todos los sectores de izquierda antisistémica (sindicatos, movimientos sociales, partidos políticos) estamos obligados a unir esfuerzos en la construcción de un frente político y social de carácter subversivo y plural, internacionalista y soberanista, anticapitalista y transversal a escala europea, y que agrupe a movimientos de diferente naturaleza: ecologismo, feminismo, movimiento obrero, de liberación nacional, de defensa de la libertades democráticas básicas, etc.

Frente que, lógicamente, se debe ajustar a las diferentes realidades existentes según se trate de ámbitos nacionales (en nuestro caso Euskal Herria), estatales o continentales. Y debe tener en cuenta sus puntos fuertes y sus debilidades.

Muchas e importantes han sido las movilizaciones habidas en Europa: las huelgas generales de Grecia, Francia, Italia, en el Estado español y en Euskal Herria; las luchas contra cierres de empresa y despidos: luchas duras, radicales (ocupación de plazas y calles, de empresas, secuestro de patrones, marchas como la de los mineros...), y algunas de larga duración que han removido el panorama político-social. Sin embargo, en pocos casos han conseguido alcanzar plenamente sus objetivos, en parte por la fortaleza de la patronal, los gobiernos, etc, producto de la arrolladora hegemonía del neoliberalismo en las dos décadas anteriores y cuyos desastrosos efectos tocan a variados ámbitos; pero también, por la nefasta estrategia, nacional e internacional, de las organizaciones sindicales mayoritarias (con honrosas excepciones como la de la llamada mayoría sindical vasca) que han estado orientadas a buscar políticas de consenso, de diálogo social, con la patronal.

Ya es hora de cambiar de tercio. La ofensiva global del capital es tan bárbara y drástica que no da lugar para negociaciones y componendas entre burocracias políticas, patronales y sindicales.

Es hora de la revuelta continua, de la movilización permanente, incluidas las huelgas generales. Y también de insumisión ciudadana e institucional.