Después de que dirigentes empresariales exigieran la imposición del estado de sitio en Ngulumapu, territorio mapuche bajo administración chilena, en el sur de Chile, por las protestas de los mapuche -que reivindican sus tierras ancestrales y denuncian la explotación de los recursos por parte de las multinacionales presentes en la zona-, el Gobierno del derechista Sebastián Piñera anunció el miércole,s tras una reunión en el Palacio de la Moneda, el envío de más unidades policiales y militares.

Al encuentro asistieron, además, el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter; el fiscal nacional, Sabas Chahúan; autoridades regionales y los máximos responsables de la Policía de Investigaciones (PDI) y Carabineros (policía militarizada).

Hinzpeter declaró que entre las medidas que el Ejecutivo ha decidido adoptar está el aumento de la dotación de ambas policías (uniformada y civil) en esa región y el envío de un equipo multidisciplinario desde Santiago de Chile. «Vivir con miedo es inaceptable, incendiar casas de gente honesta y humilde es un acto asesino y criminal», dijo antes de hacer un llamamiento a la ciudadanía para que condene estos hechos de violencia.

En declaraciones a los periodistas, sostuvo que conversar con dirigentes gremiales, dueños de predios agrícolas y gente, que consideró de mucha vulnerabilidad, «ha sido muy fuerte».

«Desgraciadamente, la violencia canalizada a través de múltiples atentados, particularmente incendiarios, a propietarios o habitantes de la región, instala un clima de alta inseguridad que mancilla gravemente las oportunidades de progreso regional», añadió.

El general director de Carabineros, Gustavo González, detalló que «se enviarán efectivos de unidades especializadas, para no restar contingente policial de las comisarías de la región metropolitana de Santiago».

En los últimos días, dirigentes como José Villagrán, presidente de la Federación de Dueños de Camiones del Sur, han arremetido contra la población mapuche, reclamando un aumento de las medidas de seguridad.

«En la Araucanía (Ngulumapu) ya no hay orden y, además, hay un temor generalizado no solo de la parte productiva, sino que en general de la ciudadanía», subrayó tras apoyar «al 100%» la propuesta de la Sociedad de Fomento Agrícola (Sofo) de Temuco, que pidió la declaración del estado de sitio. El dirigente de los camioneros exigió al Gobierno que «ponga orden en la región».

El lunes, al menos dos jóvenes de 12 y 17 años tuvieron que ser trasladados de urgencia a un centro sanitario por las heridas provocadas por el impacto de perdigones en la espalda y piernas, y en la sien izquierda durante el desalojo por parte de la Policía de dos fincas que un grupo de comuneros había ocupado en el municipio de Ercilla.

Actuación «excesiva»

La página web de la organización mapuche Meli Witran Mapu mostraba ayer varias fotografías de ambos jóvenes en las que se apreciaba claramente el impacto de los balines.

Su portavoz, Enrique Antileo, advirtió de que el estado de sitio sería una medida «injustificada» que agravaría la situación.

Además, subrayó que aún no se ha podido establecer que los últimos hechos de violencia hayan sido protagonizados por miembros de comunidades indígenas, y aseguró que durante «muchos años» los mapuche han sido víctimas de montajes para atribuirles la autoría de incendios y otros ataques.

«No me parecería extraño que estuvieran operando algunos sectores que quisieran inculpar a sectores mapuche», resaltó.

Por otra parte, el pasado domingo, la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Suprema chilena confirmó el fallo emitido el 5 de julio por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Temuco en contra del registro policial practicado el 7 de junio en una comunidad de Malleco.

Los cinco jueces del máximo tribunal declararon explícitamente que la actuación de los Carabineros «excedió el marco de lo aceptable, con lo cual afectó derechos y garantías de terceros, que aun oponiéndose indebidamente, no pudieron ser víctimas de los apremios excesivos que recibieron».

Los hechos se produjeron cuando los Carabineros entraron de madrugada en la comunidad con el argumento de practicar dos detenciones ordenadas por el fiscal jefe de Collipulli, Luis Chamorro.

Los magistrados, que concluyeron que hubo «un uso excesivo de la fuerza», reconocieron «la plena identidad de la comunidad indígena Wente Winkul Mapu como pueblo autóctono y tradicional al que debe reconocerse y respetarse sus arraigadas costumbres».