Después de año y medio de duros recortes, el president de la Generalitat, Artur Mas, consiguió que el Parlament aprobase ayer la propuesta estrella de su legislatura: el pacto fiscal. Sin embargo, el éxito parlamentario, conseguido con el apoyo total de ERC e ICV-EUiA y el apoyo parcial del PSC, se vio ensombrecido por el anuncio, el día anterior, de que Catalunya pediría el rescate al Gobierno español.

El pleno extraordinario convocado para debatir la propuesta de pacto fiscal, al que el Govern otorgó la solemnidad de las grandes ocasiones, no deparó grandes sorpresas, aunque sí dos detalles importantes para el futuro de la propuesta catalana. Una de cal y otra de arena para Mas. Por un lado, consiguió que el PP se abstuviese, evitando que su negativa condenase la iniciativa al fracaso por la vía rápida. Por otro lado, no logró el apoyo del PSC en el punto clave de la propuesta, en el que se reclama que la Agencia Tributaria de Catalunya sea la única gestora de la recaudación de los impuestos.

Por contra, el PSC sí que se sumó al resto de la propuesta de pacto fiscal, en la que se reivindica «un acuerdo de financiación que suponga un cambio de modelo», es decir, que se salga del régimen común de la LOFCA. En el documento aprobado se puede leer que los objetivos del nuevo modelo deben ser «conseguir la plena capacidad de decisión sobre todos los tributos soportados en Catalunya, poder disponer de los recursos económicos que como país generamos para atender las políticas sociales y de crecimiento, y garantizar la lealtad institucional para evitar arbitrariedades e incumplimientos de las partes».

Inicio de un camino tortuoso

Al Govern no le ha sido fácil llegar al acuerdo suscrito ayer por el Parlament, pero lo más difícil llega sin duda ahora, cuando la Generalitat tendrá que negociar con el Gobierno de Rajoy, que difícilmente aceptará un pacto fiscal en las condiciones actuales. De hecho, el propio Mas admitió ayer que cree que el nuevo modelo «no será aceptado» por el Estado.

El Govern, por lo tanto, gana algo de tiempo con la aprobación de su propuesta, pero no resuelve su principal problema de fondo, que radica en cuál será su respuesta ante la prevista negativa de la Moncloa. El secretario general de Convergència, Oriol Pujol, apuntó ayer mismo que «ésta es la última estación conocida de las relaciones entre Catalunya y España», pero más allá de sugerentes declaraciones, está por ver si CiU será capaz de seguir el impulso de su propia base electoral y empezar a dar pasos hacia la independencia.