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Ocho vascos acusados de pertenecer a Ekin, libres bajo fianza tras dos años presos
La Audiencia Nacional dejó ayer en libertad bajo fianza a ocho militantes vascos que fueron apresados en setiembre de 2010 en una operación contra la organización Ekin. La redada tuvo un enorme impacto en la sociedad por los testimonios de torturas que relataron.
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Aritz INTXUSTA | IRUÑEA
El juez Javier Gómez Bermúdez dejó ayer en libertad bajo fianza a Urko Aierbe, Joxe Aldasoro, Aniaitz Ariznabarreta, Erika Bilbao, Eneko Compains, Ugaitz Elizaran, Ehoitz Garmendia y Rosa Iriarte. Todos ellos se encontraban en prisión preventiva y la liberación se decidió en una revisión ordinaria al cumplirse dos años desde que fueron encarcelados. La acusación que pesa contra ellos es la de pertenencia a la organización Ekin.
Según ha podido saber este periódico, Gómez Bermúdez decidió no prorrogar su prisiónpreventiva después de que, en dos años, el proceso no hubiera avanzado nada. Las fianzas que se les impusieron tampoco fueron demasiado altas si las comparamos con las acusaciones que vertió sobre los ocho Fernando Grande-Marlaska -y que dieron por probadas los medios de comunicación españoles, que afirmaron haber desarticulado la cúpula de Ekin-. En concreto, todas las fianzas son de 9.000 euros menos en el caso de Elizaran, que únicamente hubo de abonar 5.000. De todos modos, los excarcelados deberán someterse a medidas de control y comparecer ante los juzgados de forma regular, ya que los cargos se mantienen hasta que se celebre el juicio.
La operación policial en la que fueron apresados tuvo lugar el 14 de noviembre de 2010. En esa redada de la Guardia Civil, que se desarrolló en Euskal Herria y otros puntos del Estado como Zaragoza o Cantabria, también fue detenida la vizcaína Sandra Barrenetxea, quien recuperó su libertad el pasado mes de febrero.
En el auto de prisión, dictado el 18 de septiembre de 2010, el juez Grande-Marlaska aseguró que los detenidos eran «verdaderos comisarios políticos» que velaban por la «ortodoxia» marcada por ETA y dinamizaban las distintas asociaciones ilegales de la izquierda abertzale bajo las directrices de la banda.
Los ocho presos se encontraban dispersos por diversas cárceles cuando recibieron la noticia de su libertad bajo fianza. El donostiarra Aierbe se encontraba en Foncalent, Aldasoro (Etxarri) en Navalcarnero, Ariznabarreta (Eibar) en Estremera, Bilbao (Erandio) en Brieva, Compains (Iruñea) en Aranjuez, Elizaran (Donostia) en Valencia II, Garmendia (Otxandio) en Aranjuez e Iriarte (Antsoain) en Soto del Real. Las liberaciones se produjeron a última hora de la tarde de ayer.
La redada se enclavó en una campaña de represión muy potente liderada por el juez Grande-Marlaska y que cosechó un rechazo igual de fuerte entre la sociedad vasca. Buena parte de esa indignación ciudadana se debió a las continuos testimonios de tortura que se sucedían operación tras operación, aunque quizá los relatos que más llegaron a la ciudadanía fueran precisamente los de las ocho personas que abandonaron ayer las cárceles españolas después de haber pasado por Soto del Real justo después de haber sido detenidos.
Testimonios de torturas
Elizaran dijo que le sometieron a sesiones de «la bolsa» y que le mostraron fotomontajes de su compañera arrestada, le envolvieron con gomaespuma y se sentaron sobre él. Iriarte denunció que le drogaron con una especie de polvo blanco y que escuchó sesiones de tortura de sus compañeros. Ariznabarreta aseguró que la desnudaron y le realizaron tocamientos. Barrenetxea, la liberada en febrero, aseguró que le quitaron los pantalones y le amenazaron reiteradamente con violarla mientras le golpeaban en la cabeza.
Los nueve detenidos denunciaron haber sufrido episodios de tortura similares y Ariznabarreta llegó a declarar ante un juzgado de Eibar por esos abusos a pesar de seguir presa en cárceles del Estado. Por otro lado, el abogado de oficio que asistió a Aierbe, Garmendia e Iriarte mostró ante el juez Grande Marlaska sus sospechas sobre los métodos empleados para arrancar los testimonios.
Gómez Bermúdez decidió no prorrogar la prisión preventiva después de que, tras dos años en la cárcel, la investigación judicial no hubiera avanzado. Basterretxea, detenida junto a estos ocho, recuperó la libertad en febrero.
Los testimonios de torturas que relataron los nueve detenidos en la redada de setiembre de 2010, fueron particularmente graves y un abogado de oficio de Madrid mostró sus sospechas de maltrato ante el juez Fernando Grande Marlaska.