La declaración personal de haber abandonado Euskal Herria «como consecuencia de la presión de la violencia terrorista» tiene «presunción de veracidad», pero habrá también medidas para evitar su «uso abusivo y fraudulento». El proyecto de modificación de la Ley Electoral efectuado por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales para permitir el voto en Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa de personas que residan fuera incluye la existencia añadida de «procedimientos de control» para «impedir que fuera utilizado por quienes estuvieron más cerca de los verdugos que de las víctimas».

Este punto abre el camino al control ideológico de las personas que pidan ser censadas en la localidad vasca en la que residieron en el pasado; y, al mismo tiempo, hace que la necesidad de verificar las razones reales por las que cada cual solicita el cambio pueda acabar echando por tierra la utilidad que el Gobierno pretende dar a la reforma de la ley electoral.

La propuesta del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales señala que, con el fin de evitar que los cambios sean utilizados por «quienes estuvieron más cerca de los verdugos que de las víctimas», tras la aprobación de la ley «el desarrollo reglamentario establecerá el preceptivo procedimiento de control para los supuestos extremos de uso abusivo y fraudulento de este expediente».

El problema no resuelto por los redactores del estudio radica en que «la norma debe identificar a los sujetos, pero al mismo tiempo debe evitar también que una muy detallada acreditación de haber sufrido algún tipo de persecución relacionada con el terrorismo suponga un sufrimiento añadido, que resultaría manifiestamente contrario al fin perseguido por este proyecto de ley». Por ello se pretende que sea suficiente la declaración personal, pero se añade «siempre que sea veraz», lo que de nuevo lleva a la necesidad de acreditar la «presión de la violencia terrorista».

Multas de 100 a 3.000 euros

La propuesta avalada por el Ministerio del Interior contempla tanto la posibilidad de recurrir algunos cambios de censo como la introducción de sanciones para intentos fraudulentos.

Según se señala en la reforma, será la Oficina del Censo Electoral la que ordenará las altas y bajas correspondientes, y sus resoluciones podrán ser recurridas como el resto de las que realiza de forma «ordinaria», tanto ante la propia oficina como ante los tribunales.

En cualquier caso, también se especifica que corresponde a la Oficina del Censo Electoral estimar las solicitudes. El proyecto ya aclara que «se recoge la posibilidad de que, excepcionalmente, se le puede negar por incumplir los requisitos, de igual manera que se puede negar una inscripción censal ordinaria».

La propuesta de alteración electoral contempla que «los funcionarios públicos y particulares que utilizaran fraudulentamente esta opción» de cambio de censo serán sancionados con multas «de 300 a 3.000 euros si se trata de autoridades o funcionarios y de 100 a 1.000 si se realiza por particulares».

Control muy difícil

Ahora hay que tener en cuenta que, según el Instituto Nacional de Estadística, unas 20.000 personas se van cada año a vivir fuera de Euskal Herria, por los motivos personales o familiares que sean, al igual que unas 16.500 personas se instalan en Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa llegadas desde el Estado español. El cálculo exacto indica que desde 1998, según el INE, 253.484 vascos y vascas se han empadronado en otras comunidades autónomas.

Si no se establecen mecanismos de control objetivos y verificables de que se marcharon por la «presión de la violencia terrorista», se trata de una cantidad de gente muy sustancial para su movilización por una motivación política, que no tiene por qué coincidir con la que actualmente mueve la reforma del Gobierno español.

El control subjetivo es muy difícil, y de haberlo debería haberlo para todos los casos.