Kutxa, BBK y Caja Vital celebraron ayer sendas asambleas para adaptar sus estatutos a la Ley de Cajas aprobada hace mes y medio en el Parlamento de Gasteiz, una ley acordada entre PNV y PP, y hecha a medida de los intereses de ambos partidos, a los que el PSE -también CCOO- su sumó a pesar de haber sido abiertamente ninguneado. De esta forma, las entidades integrantes de Kutxabank queman etapas en su hoja de ruta hacia la privatización, ya que ese, y no otro, es el destino que han diseñado las citadas formaciones políticas para unas cajas cuyo componente social quedará reducido a la mínima expresión tras su conversión en fundaciones.

Las maniobras dirigidas a hacerse con el control absoluto de la nueva entidad, en primer término, y a guiar su transición hacia la privatización, a continuación, dicen mucho del modo en que algunos partidos han entendido durante años la gestión de las cajas de ahorros y el uso interesado que han hecho de numerosos organismos ligados al ámbito institucional, que han sido vitales para el tejido económico de este país. Partidos a los que nada les importa contravenir el compromiso adoptado para que Kutxabank pudiera ver la luz, o valerse de mayorías artificiales, tanto en el Parlamento como en asambleas cuya renovación fue retrasada impidiendo que representaran la nueva realidad salida de las urnas en mayo del año pasado.

No han guardado las formas ni alterado su rumbo. Después de la práctica desaparición de Caja Navarra, diluida primero en Banca Cívica y finalmente en Caixabank, el futuro de Kutxa, BBK y Vital no se presenta más halagüeño. No al menos para quien tuviera depositadas esperanzas en su función social. Lo ocurrido, en cualquier caso, debe servir para fortalecer la reivindicación de una banca pública en Euskal Herria, que contribuya a la planificación y construcción económica de este país. Un sector financiero al servicio de la ciudadanía, al contrario de lo que sucede en estos momentos.