Dívar, a un paso de cobrar una indemnización de más de 208.000 euros
El expresidente del Consejo General del Poder Judicial español (CGPJ) y del Supremo Carlos Dívar ha pedido una indemnización de más de 208.000 euros que el pleno del CGPJ analizará el lunes. Dívar tuvo que dimitir tras conocerse que pagó gastos personales con dinero público.
GARA |
Carlos Dívar, que el 21 de junio presentó su dimisión como presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) español y del Tribunal Supremo tras conocerse que cargó al presupuesto de este órgano parte de los 32 viajes personales que realizó a Marbella y a otros destinos en fines de semana -siempre alojándose en hoteles de lujo-, pedirá una indemnización de más de 208.000 euros que le correspondería como ex alto cargo del Estado. Según fuentes del órgano de gobierno de los jueces, la Comisión de Estudios e Informes confirmó que cumple los requisitos exigidos para poder solicitar la indemnización, ya que ha pasado más de dos años al frente de la institución.
En concepto de su cargo, Dívar recibía una cantidad de 130.152 euros brutos al año, por lo que si el pleno del CGPJ, que se reunirá el lunes, aprueba su petición tendrá derecho a percibir en concepto de indemnización el 80% de sus retribuciones -208.243 euros- durante un periodo no superior a dos años. Si se acepta esta petición, se deberá asignar una partida dentro de los Presupuestos Generales de 2013 y estudiar si en el presente ejercicio hay crédito suficiente para poder hacer frente a este nuevo gasto.
El actual presidente del CGPJ, Gonzalo Moliner, consideró que que el Consejo «incumpliría la ley» si no le concede a Dívar la indemnización que pide.
«El informe no puede decir otra cosa. No hay otra posibilidad. Está reglamentado y si no lo hiciéramos incumpliríamos la ley», dijo tras la firma de un plan de actualización del Tribunal Supremo con el Ministerio de Justicia.
El ministro Alberto Ruiz-Gallardón, presente en el acto, eludió pronunciarse sobre esta cuestión alegando que no es de su competencia, sino del CGPJ.
Jueces para la Democracia resaltó que aun en el caso de que la indemnización «se ajustara a la legalidad, resulta difícilmente comprensible para la sociedad».