Casi nadie quiere hablar de los costes que se generan en torno a los Juegos Olímpicos, pagados normalmente por los ciudadanos a «través de los gobiernos de turno». Unas inversiones que, como hemos visto en los últimos años, suelen rebasar las previsiones iniciales o, como en el caso de Grecia (Atenas 2004), fueron uno de los detonantes de la actual situación del país heleno.

En esta ocasión, además, estamos asistiendo a la militarización de los Juegos Olímpicos, con un despliegue militar sin precedentes unido a un sinfín de prohibiciones, algunas de ellas «anecdóticas», como la prohibición de vender patatas fritas que no sean de una conocida cadena de comida rápida, y otras de mayor calado político, como impedir la presencia en el recinto olímpico de mensajes políticos (ni en camisetas, ni en pancartas...) o de banderas de cualquier país que no participe en los Juegos (algunos señalan que esta medida está destinada a evitar la presencia de manifestantes tibetanos, pero evidentemente alcanza a otros pueblos y naciones), quedando de manifiesto que la tan cacareada libertad de expresión es una víctima más en este complejo entramado político-económico.

La «seguridad» a la que nos referimos ha puesto sobre la mesa las carencias de determinados hábitos que guardan estrecha relación con la política de recortes y privatizaciones en el sector público de Gran Bretaña. La concesión a la empresa G4S de la seguridad de esta cita olímpica fue un paso más en el rápido y sospechoso desarrollo que ha tenido esta compañía.

A día de hoy, esta empresa opera en 125 países con el lema «asegurando tu mundo». En Gran Bretaña ha logrado hacerse con servicios policiales y el control de prisiones y de centros de detención para menores, formando a diferentes sectores, dotando de vigilancia a empresas privadas y a cualquier ciudadano que lo demande... Todo gracias a sus buenas relaciones con importantes miembros del Gobierno. Tal expansión empresarial va unida a las denuncias por vulneraciones de derechos humanos. En Australia, por ejemplo, detuvieron a un prestigioso aborigen, trasladándolo a través del desierto en un vehículo que no guardaba las condiciones necesarias y, en el que, finalmente, murió debido al calor.

La denuncia puso de manifiesto la incapacidad profesional de algunos miembros y el deterioro de los materiales y vehículos empleados.

Esta misma empresa se ha visto envuelta en la muerte del ciudadano angoleño Jimmy Mubenga, que falleció en pleno vuelo cuando estaba siendo deportado. Sus protestas fueron ignoradas por el resto de pasajeros y tripulación.

El último escándalo está ligado al anuncio hace escasos días de uno de sus responsables, que admitió que no podían garantizar la seguridad de los Juegos -en otras palabras, cumplir el contrato- y que necesitaban la ayuda del Gobierno. Los dirigentes británicos enseguida salieron en defensa de la empresa y movilizaron de forma urgente a más de 3.000 soldados, sumándose a los ya desplegados.

Además, los abusos tanto de miembros de G4S como de la Policía británica se están convirtiendo en una dramática tónica. La representante de la Asamblea londinense Jeny Jones denunció que «estamos ante matones con uniforme, buscando la legitimidad de una placa policial y la impunidad del sistema legal».

Importantes figuras políticas, como Eric Avebury, del partido Liberal Demócrata, han criticado las actitudes groseras y agresivas que se están mostrando, la falta de respeto hacia las minorías y las mujeres. Lord Dholakia rechazó el insaciable apetito monetario de algunos políticos, mientras que lord Marlesford tildó de «corruptos» al personal de la Agencia de Fronteras.

Este esquema de impunidad y abusos cuenta con la colaboración de determinados medios de comunicación, que tergiversan la realidad para justificar cualquier abuso y cuando posteriormente van a apareciendo datos que contradicen sus versiones tienden a olvidarse de la «historia». Junto a ello es evidente la deficiencia de un sistema judicial que aplica un doble rasero, que mientras criminaliza las protestas ordinarias, protege los desmanes policiales.

La militarización de los Juegos ha alcanzado unas cifras y un despliegue jamás visto en ninguna cita anterior. Algunos apuntan a que pudiera obedecer a una estrategia más allá de la cita olímpica; se estaría «acostumbrando» a la población a presenciar el despliegue de tropas en labores policiales, y no necesariamente en escenarios bélicos como Afganistán o Irak.

Nos encontraríamos ante un intento de «integrar» al Ejército en labores sociales, lo que oculta una dimensión nueva para este tipo de servicios y, sobre todo, importantes cambios en torno a su propia concepción. Este «experimento» pone en marcha una posible coordinación entre la Policía, las empresas privadas de seguridad y los militares. En este contexto, la celebración de los Juegos Olímpicos es el escenario más adecuado para poner en marcha lo que ya se está definiendo como «la nueva militarización urbana».

Mark Perryman, que acaba de publicar en inglés el libro «Por qué los Juegos Olímpicos no son buenos para nosotros y cómo pueden ser», ha señalado de manera bastante acertada que «de la noche a la mañana, Help for Heroes -una organización caritativa que ayuda a soldados británicos heridos en diferentes conflictos- se ha convertido en mano de obra barata no para protegerle a usted o a mí, sino a McDonalds, Coca-Cola, Heineken y el resto».