Los Juegos Olímpicos de Londres 2012 han sido definidos en ciertos espacios como «los juegos de las mujeres», porque, por primera vez, todos los países en liza, entre ellos la conservadora Arabia Saudí, han enviado representantes femeninas. Una decisión que ha beneficiado tanto al comité organizador, presentándolo ante el mundo como garante de los derechos de las mujeres, como a los estados en cuestión.

El belga Jacques Rogge, presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), habló incluso de «símbolo de una evolución esperanzadora». El «problema» surgió cuando Arabia Saudí amenazó con retirar de la competición a su atleta, Wojdan Shaherkani, si la Federación Internacional de Yudo no le permitía competir este viernes con el hiyab, el pañuelo que cubre la cabeza y prohibido en el reglamento de judo por las propias características de esta modalidad deportiva. Antes, ya había exigido que sus dos olímpicas debían de respetar «escrupulosamente el código de vestimenta» impuesto por ellos mismos.

Tras este órdago, la Federación Internacional de Judo accedió ayer a que «lleve algo» que no comprometa su seguridad. Un portavoz del COI afirmó que se trata de una solución «aceptable» para todas las partes. El incidente, por tanto, parece resuelto en términos diplomáticos.

Lo realmente importante, sin embargo, no debería ser si llevan o no hiyab o el velo completo, sino lo que se esconde detrás de esta polémica fugaz. La mujer en Arabia Saudí, aliado de Estados Unidos y de otras potencias, no puede dar ni un paso sin el permiso de su marido, en caso de estar casadas, o de su hermano, si son solteras. Les está vetado hasta conducir. Y la práctica de deporte se reduce a un recinto cerrado fuera del alcance de la vista de terceros.

Aunque la presencia de Shaherkani y de la atleta Sarah Attar ha sido calificada de «histórica», el día a día de ambas dista mucho de representar una «evolución» real. Ojalá que Londres 2012 sea el punto de partida de medidas verdaderamente «esperanzadoras» y no un mero un lavado de cara.