La consejera de Justicia, Idoia Mendia, atribuyó a la viceconsejera Victoria Cinto el «planteamiento» de llevar ante la Fiscalía las «irregularidades» de los contratos informáticos del Departamento, después de haber alcanzado ya un acuerdo con las empresas. Aseguró que en el Consejo de Gobierno «a todo el mundo le pareció muy bien», y criticó a los grupos parlamentarios que cuestionaron la forma de actuar del Ejecutivo autonómico, afirmando que «estoy francamente muy sorprendida por la actitud de la mayoría de los grupos que se sientan en esta Cámara. Parece que todos ustedes lo que pretenden es que lo metamos [el caso] en un cajón».

En la comparecencia parlamentaria del 22 de febrero, la totalidad de los grupos, a excepción del PSE, cuestionaron la decisión de hacer pública una actuación que afectaba a personas y empresas antes de dilucidar si existía delito, y mostraron perplejidad ante el hecho de que se siguiera contratando a firmas cuya honorabilidad se había puesto en duda.

La consejera Idoia Mendia respondió que «a mí me ha parecido impecable la actuación de mi viceconsejera en el planteamiento, lo asumí desde el primer momento, se lo expliqué al Consejo de Gobierno, y a todo el mundo le pareció muy bien».

La cuestión que, como anticiparon algunos grupos, la Fiscalía no ha visto delito en lo denunciado y ahora no hay quien repare los perjucios personales y económicos sufridos por los acusados.

Expectativas frustradas

Victoria Cinto marcó la estrategia gubernamental después de que su antecesor, Txema Fínez, fallecido en octubre de 2010, hubiera alcanzado un acuerdo con las empresas. La ahora viceconsejera de Justicia, fue con anterioridad presidenta de la Audiencia de Donostia durante diez años, tiempo en el que, según afirmó en aquella comisión parlamentaria, había visto al Gobierno anunciar avances informáticos de los que no disponía en su trabajo, lo que «nos frustraba expectativas», aunque explicó que el daño fue mayor para la Administración.

En otro apartado de su intervención, Victoria Cinto admitió que pese a estar en el Gobierno «para mi beneficio o para mi desgracia sigo manteniendo lenguaje jurídico». Se refería a la afirmación de que había contratos que «eran un mera justificación formal para obtener financiación». Explicó que utilizó ese término en su informe diciendo que financiación es «obtener dinero» sin prejuzgar para qué. Y añadió que «acaso debería haberme dado cuenta de que ahora estoy en un gobierno y tengo que tener cuidado, porque determinadas palabras» tienen «una connotación política que no tienen en el mundo jurídico».

Pero resulta que esa afirmación no estuvo solo en el informe interno, sino que la empleó la consejera Idoia Mendia en su rueda de prensa pública.