La oposición al Gobierno del PP en el Ayuntamiento de Gasteiz -compuesta por seis ediles del PNV, seis del PSE y otros tantos de Bildu- sacó ayer una «tarjeta amarilla» al primer edil de la ciudad, Javier Maroto, por intentar «nombrar a dedo» al futuro responsable de la Secretaría General del Pleno. Un puesto, diseñado para dar soporte legal a los 27 concejales que conforman el Pleno, que hasta ahora se designaba por concurso» y no por libre designación, tal como pretende el alcalde.

Para solventar esta situación, que en opinión de la oposición rompe los principios de «imparcialidad e independencia» anexos a la Secretaría General del Pleno, los portavoces de los grupos políticos anteriormente citados anunciaron la presentación de una moción de reprobación. Este mecanismo extraordinario, que será debatido en setiembre siempre y cuando Maroto mantenga su postura, supondría un hito en la historia democrática del Consistorio gasteiztarra, ya que hasta la fecha ningún alcalde se ha enfrentado a una moción de este tipo.

En una rueda de prensa, Gorka Urtaran (PNV), Patxi Lazcoz (PSE) y Kike Fernández de Pinedo (Bildu) explicaron que la polémica por la designación del citado puesto administrativo se inició el pasado día 13 de julio, cuando la Junta de Gobierno local, en manos del PP, aprobó una modificación de la Relación de Puestos de Trabajo que convierte la Secretaría General del Pleno en un cargo de libre designación.

Este cambio se hizo oficial siete días después, el 20 de julio, cuando la Junta aprobó las bases para cubrir el puesto mediante la libre designación «ignorando el requisito básico de que este puesto deber encontrarse vacante», criticó Urtaran, que defendió la continuidad de Idoia Martínez. Esta ostenta el cargo desde hace dieciséis años, cuando accedió al mismo gracias a un concurso en el que demostró su valía.

Además, para los portavoces de los grupos políticos que conforman la oposición, la decisión del Ejecutivo «supone un golpe al funcionamiento democrático del Ayuntamiento, recorta las competencias del Pleno y anula el debate político» en el Consistorio de la ciudad.

Sin excepcionalidad

Por su parte, Kike Fernández de Pinedo advirtió que la decisión del alcalde, sustentada sobre la Ley para la Modernización de la Administración Local, que reforma la Ley de Bases de Régimen Local, solo es admisible en casos excepcionales. Algo que, tal como señaló el concejal soberanista, no se da en el caso de la Secretaría General del Pleno.

Desde el Ejecutivo del PP rechazaron la acusación, y negaron que la designación de la persona encargada de la Secretaría se vaya a realizar «a dedo».