La ofensiva de recorte del gasto público ejecutada por la derecha española tiene como último capítulo el intento del PP de forzar una reducción de los parlamentos autonómicos. Los llamados «barones» del partido acordaron anteayer llevar esta demanda a todas las cámaras, incluidas las de Iruñea y Gasteiz. Galicia y la Comunidad Valenciana serán los primeros en recortar el número de diputados, aprovechando las mayorías absolutas de que disponen Alberto Fabra y Alberto Núñez Feijóo. A todo esto, la oposición ya denuncia en ambos territorios que el recorte serviría para fortalecer estas mayorías, por lo que advierte un objetivo electoralista de fondo.

Resulta curioso que sea la derecha, y más aún la derecha supuestamente partidaria del autogobierno como UPN, quien se sitúe al frente de esta operación. Así, en las últimas horas se han escuchado afirmaciones chirriantes especialmente por venir de ese espacio político, como la aseveración del presidente de La Rioja, Pedro Sanz, de que «sobran políticos». El gallego Núñez Feijóo sostiene que hacen falta parlamentos «menos costosos». Y el nuevo consejero de Presidencia del Gobierno navarro, Javier Morrás, caricaturizaba la situación en una entrevista el domingo en ``Diario de Noticias'': «En el Parlamento de Navarra se llegó a debatir dónde debía estar la Dama de Elche».

El curioso ahorro de Sanz

Con esos detalles ya queda ilustrado que el asunto da mucho margen para la demagogia. Pero quizás se vea más claro en la posición del expresidente navarro Miguel Sanz. El domingo firmaba una carta pública en la que indicaba que «quizás ha llegado el momento, la sociedad lo reclama, de abordar una gran reforma del sector público, que suprima o reduzca drásticamente el Senado, elimine las diputaciones, suprima algunos ministerios hoy vacíos de competen- cias y llenos de burocracia (...) y reduzca en el mismo porcentaje que los ayuntamientos (30%) los miembros de los parlamentos autonómicos».

Pasando por alto que Sanz ha sido presidente de Nafarroa desde 1996 a 2011 sin haber realizado ninguna propuesta en este sentido, su afán ahorrador llama la atención aún más cuando un día después trascendía que Sanz es uno de los 25 ex altos cargos del Gobierno que está cobrando cesantías tras abandonar el cargo. Según ``Diario de Navarra'', en su caso la percepción ronda los 5.500 euros al mes y puede mantenerse durante dos años ininterrumpidos.

Precisamente hoy entra en vigor el decreto del Consejo de Ministros aprobado el pasado día 13 y que eliminó «para siempre» la posibilidad de que los altos cargos compatibilizaran durante dos años el cobro de esta indemnización con cualquier otra percepción pública o privada. Y justo ayer se informaba de que el PSOE ha renunciado a estas cesantías, comenzando por la que percibía José Luis Rodríguez Zapatero.

Nafarroa y la CAV

La ofensiva del PP fue anticipada por UPN en Nafarroa, aunque por el momento Yolanda Barcina no ha concretado su plan para «adelgazar» el Parlamento. Además, la medida ha sido cuestionada desde su propio partido y al máximo nivel, por Alberto Catalán, aunque parece obvio que ha tomado esta posición en su condición de presidente del Parlamento más que en la de dirigente de UPN.

En el caso de la CAV, le tocará a Antonio Basagoiti lanzar la propuesta. Asistentes a la reunión celebrada el lunes en la calle Génova de Madrid admitieron implícitamente las dudas que tenían sobre su disposición al destacar que Basagoiti aclaró que defenderá estos recortes «pese a los costes electorales que puedan tener». Según estas fuentes, Basagoiti aseguró que jugará «la bandera de la responsabilidad»

Desde la dirección estatal no se oculta que esta dinámica tiene una importante componente propagandística. La pasada semana la número dos del PP, María Dolores de Cospedal, trasladó a sus compañeros que las encuestas comienzan a pasar fuerte factura al PP y propuso estas medidas como una forma de «explicar bien» a la ciudadanía que a las instituciones y políticos también les atañen los recortes. Sin embargo, resulta curioso que no se planteen tanto rebajas en sus percepciones como restringir su número, lo que lógicamente iría en detrimento de los partidos minoritarios.

En el caso de los parlamentos vascos, si se quiere acometer una rebaja importante en el número de electos habría que modificar leyes básicas. Esta cuestión se regula en normativas electorales que dimanan del Estatuto y el Amejoramiento.

En el caso del Estatuto de Gernika, solo se estipula que los tres herrialdes deberán estar representados a la par, por lo que la modificación resultaría más sencilla. Sin embargo, el Amejoramiento navarro establece que la horquilla de parlamentarios debe oscilar entre 40 y 60: si se pretende una reducción del 30% en el actual número de 50 (bajando así a 35), habría que cambiar esta norma general.

Galicia ya se ha puesto manos a la obra. Su gobierno presentó ayer un plan para pasar de 75 a 61 electos. Para Núñez, «los parlamentos son igual de democráticos con 100, 80 ó 60».