Los parlamentos tienen dos funciones esenciales: hacer leyes y controlar al Gobierno. En ambos casos, el Parlamento está en franca desventaja con el Gobierno, una desigualdad que aumentaría si se reduce el número de parlamentarios. Cuantos menos parlamentarios en general, menos representantes de la oposición y, por tanto, menor capacidad para corregir los proyectos de ley y para hacer un seguimiento de las labores de gobierno. Es decir, más facilidades para los grupos de poder gubernamental, que tienen a su disposición una ingente cantidad de cargos de libre designación que den las órdenes oportunas a los funcionarios.

La idea de reducir parlamentarios puede resultar popular en tiempos de crisis, pero es la antesala de una mayor acumulación de poder en manos de unos pocos. La solución (tampoco el ahorro) no está en reducir su número, sino en cambiar su forma de hacer determinadas cosas. A la condición de parlamentario o diputado le acompaña un sueldo digno que hacen innecesarias otras prebendas en especie y dietas que carecen de parangón fuera del ámbito institucional. A nadie se le pide que pierda dinero por ejercer la representación política, y bien está que se cobre sus gastos, pero tampoco hay por qué pagarle una dieta si se ha ido a ver una final de fútbol, ni un gasto de alojamiento si tiene una vivienda allí donde está el Congreso o el Parlamento. Control y transparencia.

Junto a la revisión del capítulo de gastos en «yo no puedo hacer mi trabajo sin un Ipad» y «volar en primera nos sale más barato», también se podría afrontar el de «hay que renovar y redecorar los despachos cada legislatura». Pero, contabilizado en euros, lo más importante sería ajustar debidamente el capítulo de financiación de los partidos porque, no nos engañemos, una parte sustancial del presupuesto de los parlamentos -incluidos porcentajes de sueldos y dietas- va a sufragar organizaciones que han mutado en gigantescas maquinarias de marketing, lo que incluye convertir cada acto en un espectáculo audiovisual.

Hay que repensar la estructura institucional, evitar duplicidades e ineficiencias, pero sobre todo hay que abrir las instituciones a la ciudadanía para que pueda valorarlas, participar en ellas y sentir que los cargos políticos son realmente sus representantes. Porque es la única forma de que la política gobierne a los intereses económicos y que no sean los intereses económicos los que nos gobiernen a todos.