BBVA presentó ayer los resultados del primer semestre, en el que ha obtenido un beneficio neto de 1.510 millones de euros, un 35,4% menos que en el mismo periodo del año pasado a causa de las provisiones fijadas tras las reformas del sector financiero. Sin considerar las medidas adoptadas por esta regulación, el resultado atribuido fue de 2.374 millones, apenas un 5,1% inferior al de 2011. En todo caso, los ingresos de la entidad que preside Francisco González siguen creciendo de forma «robusta», tal como subrayó su consejero delegado.

No solo BBVA puede presumir de resultados. Hace solo unos días se conoció que el Banco Santander ha obtenido, también en los seis primeros meses del año, un beneficio de 1.704 millones, después de haber cubierto más del 70% de las condiciones impuestas por la nueva normativa y haber reducido su exposición al sector inmobiliario en 3.700 millones. Ambas entidades han puesto en valor estos resultados, en un contexto en el que el sector ha recibido un multimillonario «rescate» por parte de las instituciones europeas. Sin embargo, los mismos números que les sirven para sacar pecho deberían causar sonrojo a quienes desde las instituciones públicas protagonizan fortísimos recortes y conducen a millones de personas a la pobreza. Podrán argumentar que no hay relación entre ambos hechos, pero del mismo modo en que las prebendas del Ejecutivo tienen como destinatario al sistema financiero en su conjunto, los beneficios de ambos bancos indican que el sector puede arreglárselas por sí mismo, autorregulándose sin necesidad de respaldo público.

Asimismo, es sangrante que BBVA fije un plazo de 21 meses para deshacerse de los inmuebles que tiene en stock, «ajustando» los precios mes a mes, cuando cada día miles de personas son desahuciadas por no poder hacer frente a sus hipotecas. Más que nunca, la robustez bancaria es proporcional a la incapacidad del Estado para defender el interés de la ciudadanía.