Las cinco detenciones del lunes relacionadas con el Riau-riau fueron respondidas ayer con una cacerolada frente al Ayuntamiento de la capital navarra. Con la última redada ya son nueve los imputados por los incidentes del día 6, que tuvieron como consecuencia que la Corporación cancelara el desfile a vísperas. Pese a lo abultado de la operación policial, los incidentes que la han motivado solo dejaron un herido leve, un policía municipal que recibió el impacto de un hielo. Ninguno de los arrestados, a quienes no se ha impuesto ninguna medida de control, está relacionado con el lanzamiento.

Dani Saralegi leyó un comunicado tras la cacerolada. «UPN y el alcalde, Enrique Maya, están haciendo un ridículo espantoso apostando por la represión en Sanfermines. Todo el mundo ha podido ver que ha sido la Policía y no el pueblo el que ha buscado el enfrentamiento durante las fiestas. Todo el mundo ha podido ver que quien encendió la mecha de los incidentes no fueron las personas que están siendo detenidas, sino otras que siguen sin ser identificadas», señaló Saralegi, quien también criticó «la violencia brutal» que empleó la Policía española contra el «encierro de la villavesa». Asimismo, acusó al alcalde y a UPN de «querer robar los Sanfermines al pueblo de Iruñea» para imponer con represión «unas fiestas a su medida».

Tres motivos diferentes

Las nueve personas detenidas en el Riau-riau se distribuyen entre tres causas distintas. Por un lado está la iniciada por la Policía Municipal, que realizó la primera detención, la de Mikel Auza, por «desórdenes» y «atentado». Todos los demás arrestos han quedado a cargo de la Policía española, que ha empleado criterios políticos a la hora de proceder a los arrestos e imputar cargos.

Según su peculiar tesis, el fracaso del Riau-riau se debe a una operación organizada y coordinada por «el mal llamado MLNV». En consecuencia, sus arrestos han sido de personas conocidas previamente por este cuerpo policial. A esta investigación se corresponderían las tres detenciones de Sanfermines y tres de los últimos arrestados. Las pruebas (fundamentalmente, vídeos y fotografías) son los mismos para imputar a estas seis personas.

Los otros dos detenidos del lunes por la Policía Nacional están vinculados con una denuncia particular, captada por las cámaras de La Sexta. Después de que el Riau-riau se anulara, un joven estaba siendo entrevistado por este canal de televisión. «La culpa es de la chusma abertzale», dice al micro. En ese momento, otro joven le empuja y se produce un forcejeo, que acaba con un manotazo del entrevistado en la cara del joven. Acto seguido, una tercera persona asesta al entrevistado un puñetazo en el ojo delante de la cámara. El joven de los empujones y el del puñetazo son, presuntamente, los dos detenidos. Como ambos tienen vínculos con el independentismo, la Policía española también les acusa de participar en los desórdenes que hicieron fracasar el Riau-riau, pese a que las imágenes que motivaron su detención se grabaran después.

El cargo común que comparten los nueve detenidos es el «desórdenes públicos», un delito que podría imputarse también a las demás personas que participaron en la pelea, ya que los desórdenes no tienen un matiz político. Cabe recordar que una de las personas más retratadas por la prensa en los incidentes fue identificado y salió en un medio de comunicación asegurando que él estaba protegiendo el Riau-riau. No se han levantado cargos contra él.

Miembros de la derecha

La participación activa de personas ligadas a la derecha navarra es fácilmente comprobable en varios testimonios gráficos. El más clarificador es el del fotógrafo catalán Jordi Cohen, que cubrió el Riau-riau para la web de Kukuxumusu y cuyo trabajo está colgado en su blog (jordicohen.com). En estas fotografías se identifica a varios miembros de la peña Mutilzarra antes de que se iniciaran los incidentes, y después se aprecia a esas mismas personas en actitud agresiva en el centro de los incidentes. Una de ellas tiene que ser separada del resto por un policía municipal, según se aprecia.

Además del claro tinte político de las detenciones de la Policía española, varias tienen otro rasgo anómalo. Se acusa de «atentado contra la autoridad», pero estas supuestas agresiones no se producen contra la Policía española, sino contra agentes municipales. Resulta extraño que, siendo un delito dirigido hacia la Policía Municipal, esta parte del caso no sea investigada por este cuerpo.