La dirección de Inasa ultima la venta de su inventario para garantizar a los trabajadores el cobro de las indemnizaciones, tras su decisión de cerrar la planta de Irurtzun, dedicada a la fabricación de papel de aluminio, y despedir a sus 168 empleados.

Tras el refrendo del preacuerdo extintivo por parte de la plantilla, la dirección de Inasa se reunió ayer con el comité de empresa y le comunicó que mañana se procederá a levantar acta del inventario, en presencia de un notario.

También se creará la cuenta corriente prevista en el preacuerdo donde se ingresarán las cantidades que se obtengan por la venta de inventario y que garantizarán el cobro de las indemnizaciones a los trabajadores, señaló la empresa en un comunicado.

Inasa, según dicha fuente, también ofreció a los trabajadores, para garantizar el cobro de la paga extraordinaria de julio y el Complemento de Antigüedad, pagar de manera inmediata el 10% de la cantidad y proceder a la cesión del crédito que mantiene con la empresa Alibérico Packaging S.L., por más de 500.000 euros, por las facturas que esta sociedad adeuda a Inasa, que ya se encuentran vencidas y que han sido reclamadas judicialmente.

Por otro lado, la dirección reiteró a los trabajadores voluntad de proceder a la firma del acuerdo definitivo «en el momento de tener atada la refinanciación de la deuda bancaria», con la finalidad de «no eludir las obligaciones asumidas con la plantilla, dado que una situación concursal no garantizaría el cobro de las indemnizaciones previstas».

Celsa Atlantic

Mientras, el comité de Celsa Atlantic informó ayer de que la compañía no ha ejecutado el primer plazo del ERE de extinción que afectaba al 80% de la plantilla, por lo que consideró que la antigua Laminaciones Arregui «no se cierra».

Fuentes del comité explicaron que la empresa no despidió a nadie más ayer, cuando debía ejecutarse el primer plazo del ERE, que afectaba a alrededor de 200 trabajadores, con lo que dieron el ERE por interrumpido.

Hasta la fecha, Celsa Atlantic había despedido a 101 trabajadores de las plantas de Gasteiz y Urbina (Araba). Estas rescisiones de contratos fueron denunciadas por el comité, con lo que están pendientes de resolución judicial.

La plantilla total asciende a 352 trabajadores y el comité anunció que continuará con la huelga indefinida que empezaron en mayo para tratar de negociar el mejor convenio colectivo posible.

Denunciaron que el ERE ha sido un «chantaje» desde el principio y opinaron que la dirección no va a echar a nadie más. Así, señalaron que están dispuestos a asumir la salida de 91 personas pero de manera ordenada y con carácter voluntario. También indicaron que tienen voluntad de aceptar una congelación salarial durante cuatro años, así como de introducir mecanismos de flexibilidad negociados entre las dos partes.