La primera espantada es en 1975, con Franco deteriorado pero todavía vivo. El Ejército español inicia una retirada vergonzosa de su colonia del Sahara Occidental permitiendo que en octubre de ese año Marruecos culmine su Marcha Verde y ocupe el territorio. La resistencia del muy mal armado pueblo saharaui dirigida por el Frente Polisario es aniquilada a sangre y fuego, y hombres, mujeres, niños y ancianos tienen que atravesar el desierto perseguidos por los aviones marroquíes y refugiarse en territorio de Argel, en la Hammada, lo más inhóspito del Sahara, donde malviven los últimos 40 años ayudados por la solidaridad internacional que trata de paliar esa injusticia.

Marruecos, como Israel contra Palestina, ha levantado un muro de más de 2.700 kilómetros, con minas antipersona para asegurar toda la franja costera, que es la que le interesa.

Aunque formalmente nadie reconoce la ocupación, en la práctica Europa y el Estado español negocian con Marruecos concesiones de pesca en el banco sahariano o la explotación de los fosfatos de Bucraa. La diplomacia marroquí mantiene excelentes relaciones con los estados francés y español (salvo incidentes como el de la isla Perejil) y Estados Unidos, pero la OUA, que agrupa a los estados africanos, exige la retirada de la que considera la última colonia africana.

Es en este contexto en el que los cooperantes desarrollamos nuestra labor humanitaria, pero también de solidaridad con sus reivindicaciones de cese de la ocupación, regreso a su tierra y derecho de autodeterminación ante un genocidio lento pero continuado. Y por ello somos molestos. Por una parte, somos testigos de algo que se quiere ocultar y, por otra, vehículos de solidaridad y de esperanza para el pueblo saharaui.

Y es en este contexto en el que el ministro español de Exteriores, García-Margallo, aprovechando el rebufo del reciente secuestro de nuestro compañero cooperante Enric Gonyalons, la española Ainhoa Fernández y la italiana Rosella Urru, anuncia que hay un grave riesgo terrorista en el norte de Mali y que tiene motivos fundados para sacar de Tinduf a todos los cooperantes, y que si son secuestrados, ellos deberán hacer frente al pago del rescate. La segunda espantada española.

El ministro García sabe que el secuestro de los tres cooperantes es un hecho puntual, aislado, y es el primero en 40 años. Y sabe, o debería, que desde octubre pasado la seguridad se ha convertido en una obsesión en los campamentos, que en el aeropuerto nos recoge un convoy del Ejército argelino y nos entrega a la seguridad del Polisario, y que en el mismo edificio donde dormimos hay un retén de guardia que nos acompaña al hospital y que no nos dejan andar de noche. Un agobio en un ambiente tan tranquilo como es el habitual de los campamentos.

Sorprende, además, que un ministro del PP que siempre da respuestas testiculares ante cualquier «amenaza terrorista» se arrugue tan rápido, toque retirada y anuncie que cada cual resuelva su secuestro, cuando todos sabemos que el PP «ni negocia con terroristas ni paga rescates». ¿O no?

De aceptar nosotros esta orden, estaríamos poniendo en peligro desde la asistencia sanitaria hasta la distribución de alimentos, pasando por los 6.000 niños que cada verano pasan sus vacaciones entre nosotros para escapar de los 50 grados asfixiantes.

Estaríamos ahogando sus sonrisas y acabando con la esperanza de todo un pueblo de regresar a sus casas, y estaríamos poniendo la alfombra roja al imperialismo marroquí para sacar de la agenda internacional el genocidio saharaui. Nosotros somos los testigos incómodos que impedimos con nuestra presencia que el conflicto se archive y olvide.

Los cooperantes no nos vamos a dejar utilizar. Si el Gobierno español quiere dejar atrás su responsabilidad histórica por haber abandonado a su excolonia, o si quiere contentar a Marruecos para hacer negocios con ellos, es su opción. Pero que no utilice nuestra seguridad para dar la puntilla al muy digno, humilde y combativo Pueblo saharaui.