Un grupo de quince cooperantes -cuatro de ellos vascos- que trabajaban en los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf regresaron ayer a sus lugares de origen después de que el Ministerio de Asuntos Exteriores español ordenara su repatriación. (...) Según el Gobierno español, existen «indicios fundados que alertan de un severo incremento de inseguridad en la zona y de posibles actuaciones contra objetivos extranjeros». Lo que es decir todo y nada al mismo tiempo. (...) de la misma manera que no tendría sentido criticar una decisión como la repatriación si hay un riesgo evidente para la vida, la seguridad y la libertad de los cooperantes, son exigibles también explicaciones convincentes de que el peligro existe. Sobre todo, porque el Frente Polisario desconoce esas supuestas amenazas y otras organizaciones internacionales mantienen intacta su actividad en la misma zona. Hay demasiados intereses en juego como para que los saharauis, sus dirigentes, las organizaciones humanitarias y la opinión pública obvien que esta decisión supone un durísimo golpe para el pueblo saharaui. En lo moral, en lo político y en lo económico. Mientras el Gobierno español no ofrezca si no pruebas, al menos indicios serios, da la impresión de que, bajo la excusa de la seguridad, se está procediendo a un nuevo abandono del pueblo saharaui a su suerte. Y eso tiene un vencedor con nombres y apellidos: Marruecos y los propios grupos terroristas.