El Gobierno de Nafarroa y la UTE Acciona-Obenasa suscribieron ayer el contrato para la construcción del TAV entre Castejón y Cadreita, cuyo inicio está previsto para el mes que viene. La firma se produjo solo horas después de que el consejero de Fomento, Luis Zarraluqui, admitiera por vez primera el problema que supone el incumplimiento por parte del Estado de sus compromisos en esta infraestructura, concretamente, respecto a la construcción del tramo Castejón-Zaragoza. En una entrevista publicada el domingo en «Diario de Navarra», el consejero cifraba en unos 45 millones de euros el coste de los intereses del crédito solicitado para anticipar la obra, que corren por cuenta del Ejecutivo navarro, un gasto extra que no servirá de nada si Madrid no emprende su parte a tiempo. Y no parece que lo vaya a hacer cuando, por ejemplo, ni siquiera existe proyecto sobre la futura estación en Tutera, cuya construcción le corresponde.

El TAV es un negocio ruinoso para las arcas navarras. A pesar de ello, y aunque ni siquiera hay garantía de que vaya a tener continuidad hacia el sur, el Gabinete de Yolanda Barcina insiste en defender una infraestructura que siempre ha contado con una fuerte contestación social. Y si alguna vez tuvo algún sentido, y es discutible que lo tuviera, hoy la única razón de ser de esa obra es política, por su valor simbólico en la pugna que existe entre el modelo imperante y aquel que cada vez más claramente se presenta como alternativa.

Aunque en otra escala, lo mismo puede decirse del gasto derivado de la organización de la salida de la Vuelta a España, el próximo 18 de agosto en Iruñea. Un millón y medio de euros que, por mucho que el consejero de Políticas Sociales, Jesús Pejenaute, sostuviera ayer lo contrario, no va a redundar en beneficio de una sociedad, la navarra, que atraviesa una situación muy complicada. De esta forma, lo que en otro contexto podría pasar por una frivolidad inexplicable, en estos momentos es una irresponsabilidad inaceptable.