En un comunicado difundido ayer por el sindicato ELA, su secretario general, Adolfo Muñoz, resalta que «excepto la banca y la gran empresa, el resto de los ciudadanos que vivimos en la economía real estamos interpelados» a la huelga general convocada para el 26 de setiembre por diferentes colectivos sociales y sindicales, una movilización que pretende recabar «todo el malestar acumulado» y que constituye «el único camino para tratar de evitar el destrozo social que nos están imponiendo».

Muñoz denuncia en su nota que el control por parte del capital de las élites políticas «afecta prácticamente a todos los partidos políticos», y critica la «hipocresía con que se funciona en política».

En concreto, considera «inaceptable que, sabiendo qué supone la utilización de las leyes básicas en el Estado para imponer política antisocial, los partidos vascos se limiten a pedir el pase foral allí donde ellos no tienen responsabilidades institucionales y, sin embargo, cumplan lo que Rajoy establece, en sus propias Instituciones».

En esta línea, manifiesta que «la actual coyuntura de extraordinaria gravedad representa una gran oportunidad para que la política social se reivindique, para llenar el autogobierno o la soberanía de contenido real». «Todo eso, que hoy es más urgente, exige voluntad política y credibilidad. Y hoy, la credibilidad solo la da el no cumplimiento», subraya.

El dirigente sindical añade que «agosto es tiempo hábil para que hagan más cosas». «También lo fue el año 2011 cuando Zapatero y Rajoy acordaron reformar la Constitución para establecer que, antes que cualquier otro gasto, la prioridad de los presupuestos públicos sea el pago de la deuda a los que especulan con ella. Todo lo que hace Rajoy hoy se basa en aquella reforma constitucional, que hay que recordar, fue acordada entre PSOE y PP».

«Una salvajada»

Por ello, califica de «salvajada» que se anuncie «que hay que recortar otros 100.000 millones de euros más en los próximos dos años», en referencia al plan presupuestario para 2013 y 2014 anunciado el pasado viernes por Rajoy, que recoge un ajuste de 38.956 millones de euros el próximo año y de 50.075 millones en 2014.

El secretario general de ELA concluye su escrito señalando que «no hay ninguna razón para la indiferencia; ninguna razón para que el miedo nos paralice. Hay que responder en proporción a lo que está en juego».