La muerte de 34 mineros huelguistas por disparos con fuego real de la Policía en la mina de platino de la compañía británica Lonmin en Marikana (norte), en el operativo policial más mortífero desde el final del apartheid en 1994, ha convulsionado a la sociedad sudafricana.

A este balance, que incluye 78 heridos, hay que sumar los diez muertos registrados desde el domingo, cuando estallaron enfrentamientos intersindicales que derivaron en la muerte de otros seis mineros, dos policías y dos guardias de seguridad.

Todo apunta a una actuación brutal y totalmente desproporcionada de la Policía, cuya máxima responsable, Riah Phiyega, esgrimió el argumento de la «legítima defensa» y aseguró que los agentes fueron atacados con machetes, palos, e incluso «armas de fuego».

Uno de los huelguistas confirmó que «había personas armadas, pero la mayoría solo llevábamos palos».

La comisaria general de la Policía mostró una sucesión de vídeos en los que se veía a la Policía intentando disuadir a los mineros para que se dispersaran y utilizando material antidisturbios.

Pese a todo ello, las imágenes de la brutal intervención policial hablaban por sí mismas y el Instituto sudafricano de Relaciones entre las Razas señaló que «es claro que los policías dispararon indiscriminadamente contra la multitud (...) como está claro que siguieron disparando contra los cuerpos que caían bajo las balas. Esto recuerda a Shaperville».

La masacre de Shaperville, en 1960, marcó la memoria colectiva sudafricana. 69 personas murieron por disparos de la Policía segregacionista en el curso de una manifestación contra el régimen del apartheid.

Comisión de Investigación

El Congreso Nacional Africano (ANC) mostró su consternación por la tragedia y reclamó una investigación policial exhaustiva e independiente. Su máximo líder y presidente del país, Jacob Zuma, abandonó Maputo y regresó de urgencia a Johannesburgo, donde tenía previsto recibir las explicaciones de la máxima jefa policial.

«Creemos que hay espacio suficiente en nuestro orden democrático para resolver cualquier disputa mediante el diálogo, sin violencia y sin incumplir la ley», señaló compungido.

La Alianza Democrática (DA), principal partido de oposición, pidió tanto a los sindicatos como a la Policía que rebajen la tensión y subrayó que «las familias de las víctimas y toda la nación tienen derecho a saber qué pasó y por qué ocurrió este baño de sangre».

A escasos cientos de metros del lugar de la masacre, y mientras 2.000 mineros se volvían a concentrar en la colina que domina la explotación, un centenar de mujeres danzaban y cantaban himnos de la lucha antiapartheid. Entre ellas había quien buscaba a su marido o hermano desaparecido desde la víspera. Y es que al cierre de esta edición no había una lista oficial de muertos.

Prácticamente todos los diarios sudafricanos evocaban, aunque con distintos tonos y matices, en sus primeras y editoriales el recuerdo, aún vivo en la memoria de los sudafricanos, de las masacres del apartheid.

Analistas como el experto en Ciencias Sociales Daniel Silke iban más allá y alertaban de la tensión social patente en el país africano y de los siempre escasos avances reales en la vida de la gente más desfavorecida.

Los mineros sudafricanos viven en condiciones miserables, en barracones insalubres junto a la mina y sin agua corriente. El perfecto caldo de cultivo para la emergencia de conflictos sindicales de la mano de la emergencia de eventuales arribistas.

Y es que si el conflicto en Marikana tiene su origen en esta paupérrima situación, su detonante ha sido el enfrentamiento entre el sindicato mayoritario, NUM, adscrito a la confederación sindical de la ANC (Cosatu) y una escisión, AMCU, que logró atraerse a muchos mineros con promesas de que lograría un aumento de salario desde los 4.000 rands (400 euros) hasta 12.500 (1.250 euros).

Cosatu hizo público un comunicado en el que mostró sus condolencias a los familiares de las víctimas e hizo un llamamiento a los trabajadores sudafricanos para «mantener la cohesión y la unidad ante las tentativas de división y desestabilización», en referencia al sindicato AMCU.

El Partido Comunista de Sudáfrica (SACP) fue más allá y, tras reiterar su pesar por las víctimas instó a la detención inmediata de los dos dirigentes del sindicato AMCU, a los que acusó de provocar el caos con la excusa de la exigencia salarial.