CONSECUENCIAS DE LA POLÍTICA PENITENCIARIA
Madrid dilata la decisión final pero otorga el tercer grado a Uribetxebarria, aún en huelga
La Audiencia Nacional pospone la resolución a la próxima semana, cuando el preso gravemente enfermo se acercará ya a las dos semanas de ayuno. Su situación no cambia nada por ahora.
Alberto PRADILLA- Ramón SOLA | DONOSTIA
La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias -dependiente del Ministerio de Interior- concedió ayer a media tarde, el tercer grado para el preso político vasco Iosu Uribetxebarria. Lo hizo imponiendo una serie de condiciones que tendrán que incluirse en el expediente de libertad condicional que tramite la Junta de Tratamiento de la prisión de Zaballa, y que tendrá que estar el lunes en el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria, dependiente de la Audiencia Nacional española, que es quien tiene la última palabra.
Por tanto, este es solo un paso hacia la excarcelación del prisionero político. Hasta dentro de dos días no parece previsible que se dé ningún nuevo movimiento, pese a que Uribetxebarria mantiene su huelga de hambre en el Hospital Donostia y hoy es ya el décimo día. Ahora, ya en tercer grado, puede solicitar la libertad condicional, que será evaluada por un juez del tribunal de excepción.
Por tanto, y pese a la claridad del Código Penal al respecto, no hay garantía alguna sobre si la excarcelación se consumará y cuándo ocurrirá eso. El Estado se lo sigue tomando con toda la calma posible. Además, ayer por la mañana, Santiago Pedraz -que sustituye al magistrado Juan Luis Castro, titular del juzgado que se encuentra de vacaciones- dictó una providencia por la que instaba a que Uribetxebarria fuese evaluado por un forense y en la que se interesaba por la posibilidad de que la dolencia irreversible que le aqueja sea asistida en los servicios médicos de la cárcel, como planteó la Fiscalía a modo de sugerencia. Al centro penitenciario de Zaballa le preguntaba por el tratamiento que recibe actualmente el preso y si este podía ser suministrado «adecuadamente» en la cárcel. Al mismo tiempo, Instituciones Penitenciarias le reclamaba que aportase el «posible» expediente de «libertad condicional por enfermedad grave». Da la impresión de que de este modo el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria quiere dejarse todas las puertas abiertas.
Situación idéntica por ahora
Ya por la tarde, el departamento dependiente del Ministerio del Interior decretó el tercer grado de Uribetxebarria «a los exclusivos efectos de que se confeccione el expediente de libertad condicional por enfermedad». Esto quiere decir que su situación no cambia para nada por el momento. Por ejemplo, continúa custodiado por la Ertzaintza y no hay libre acceso a su habitación salvo para las visitas establecidas.
En una nota de prensa, Instituciones Penitenciarias habla de las «razones humanitarias» que asisten al preso, recordando el aval de la Junta de Tratamiento de Zaballa tras un informe en el que se certificaba que la enfermedad «muy grave, irreversible e incurable» que padece entra en los supuestos del artículo 104.4 del régimen carcelario.
Asimismo, Prisiones instó a la cárcel de Zaballa «a elevar el próximo lunes su expediente sobre la libertad condicional del recluso al Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria», que es quien tiene la última palabra. Aunque la solicitud llegue pasado mañana a la mesa del juez este no tiene por qué tomar la decisión este mismo día, lo que alarga la situación de extrema gravedad en la que se encuentra Iosu Uribetxebarria.
Dentro de ese expediente, el departamento que dirige Ángel Yuste ha incluido tres condiciones por si el preso vasco quedara libre. La primera, el «alejamiento de las víctimas de sus delitos o de los familiares directos de estas». La segunda, «la prohibición de participar de forma activa o pasiva en manifestaciones públicas de enaltecimiento o legitimación de la violencia», mencionando explícitamente a ETA, o de «hacer declaraciones de esta naturaleza, así como las que conlleven desprecio o desconsideración de las víctimas». Por último, le prohíbe «ausentarse, sin previa autorización de la Administración Penitenciaria, de la localidad en la que fije su residencia».
La decisión provocó múltiples reacciones. Lo más destacado fue el afán del PP en remarcar que actúa según la ley y la afirmación de Ángeles Pedraza (AVT) de que «para conseguir algo hay que ponerse en huelga de hambre». También salió a la palestra Brian Currin, coordinador del Grupo Internacional de Contacto, para advertir al Gobierno de que la mejor manera de evitarse estos problemas es excarcelar a los catorce presos enfermos como establecen sus propias leyes.
Manifestación
Antes, a mediodía, el mismo juez Santiago Pedraz dio otra prueba de que el Estado quiere alargar este pulso. De modo sorprendente dados los últimos antecedentes y el contexto político, comunicó que prohibía la manifestación convocada para hoy en Bilbo.
Pese a que el lema solo pedía la excarcelación del preso arrasatearra, tras la denuncia de la AVT y los informes policiales, Pedraz asegura que el objetivo real es «ensalzarle» y por tanto alega que podría derivar en un delito de «enaltecimiento». Herrira decidió desconvocarla.
El guante lo recogieron los firmantes del Acuerdo de Gernika. A media tarde comparecían ante el Hospital Donostia para dar a conocer que convocan hoy un acto político en Bilbo en favor de las soluciones al conflicto y de la excarcelación de los presos enfermos. Será a las 12.00 en la Plaza Euskadi, junto a la Torre Iberdrola.
Todo ello dejó un rifirrafe político sonado. El diputado del PSOE, Odón Elorza, volvió a arremeter contra la actuación del Gobierno del PP y aseguró que su actitud está dando alas a las movilizaciones de la izquierda abertzale. Antonio Basagoiti le replicó acusándole de «pirómano».
EH Bildu y PS protestan
Y mientras, la huelga de hambre sigue también en el exterior del hospital, así como las protestas en las cárceles y las iniciativas políticas. Dos de los agentes más activos están siendo Euskal Herria Bildu y las diputadas vascas del PS. La coalición compareció por la mañana en Bilbo para insistir en que «no hay ninguna excusa para no liberarle», en palabras de Maribi Ugarteburu y Oskar Matute, que estuvieron acompañados de Josu Murgia y Elena Gartzia. Censuran la demora en tomar una decisión afirmando que «los gobernantes del Estado español se están escondiendo tras la burocracia, pero ya no engañan a nadie».
«Estamos frente una emergencia humanitaria», apuntaron, como ya hizo la víspera ante el hospital el responsable de Libertades Ciudadanas de EH Bildu, Julen Arzuaga. Y reprodujeron también la alusión a la «Ley del Talión» hecha allí por la candidata a lehendakari, Laura Mintegi.
Por su parte, la diputada del PS Colette Capdevielle ha dirigido una carta a la ministra de Justicia, Christiane Taubira, de su mismo partido, en la que le recuerda el caso de Uribetxebarria y las protestas que ha generado también en cárceles francesas. Aun matizando que sabe que se trata de un caso de jurisdicción española, Capdevielle le pide que el Ministerio de Justicia francesa no se muestre indiferente, por un doble motivo: el humanitario y el riesgo que advierte para un proceso de paz.
El mismo mensaje ha sido hecho llegar por Colette Capdevielle a Julien Gregoire, jefe del Gabinete de la Administración Penitenciaria francesa.
También el llamado Movimiento por la Resolución del Conflicto del País Vasco, que une a diferentes colectivos de Ipar Euskal Herria, ha censurado una situación que califica de «inhumana» y anima a denunciarla con mensajes al Consulado español en Baiona.
En la concentración matinal diaria ante el Hospital Donostia destacó la presencia de dirigentes de LAB, con Ainhoa Etxaide a la cabeza.
Ya por la tarde, la situación de Uribetxebarria marcó las concentraciones por los derechos de los presos políticos vascos en puntos como Tafalla (42 personas), Lekeitio (101), Mundaka (33), Agurain (42), Getaria (18), Aulesti (30), Lazkao (34), Iruñea (240), Zizur (16), Arbizu (50), Etxarri-Aranatz (69), Orereta (129), Lizartza (33), Berriozar (25)... Los actos más concurridos fueron el celebrado en la Plaza de la Virgen Blanca de Gasteiz (510), que dio paso luego a una manifestación, y la concentración de Donostia, en la que en plenas fiestas se reunieron más de 500 personas.
Pese a la demanda de tres grupos parlamentarios navarros, a la enfermedad que sufre el preso y a la reciente muerte de su madre, el navarro Iñaki Erro ha vuelto a ser sacado de la cárcel de Iruñea y trasladado lejos, probablemente con rumbo a Almería.
Su caso ha obtenido eco estos días, como prueba añadida de las vulneraciones que acarrea la política carcelaria del Gobierno del PP. Erro -que lleva 25 años en la cárcel, sufrió un infarto en enero y se le ha alargado la condena por la «doctrina Parot»- fue traído a Iruñea para ver a su madre, pero lo llevaron de nuevo a Almería cuando agonizaba, hasta el punto de que falleció en el viaje y el preso fue devuelto a su ciudad para el funeral. Seis días después, vuelve a ser alejado de Iruñea. GARA
Etxerat reunió ayer en Donostia a una amplia representación de familiares de los catorce presos y presas políticos vascos enfermos para hacer balance de la ronda de contactos emprendida sobre este tema. Tras constatar que el caso de Uribetxebarria está dejando claro que «no se puede estar ni un minuto más jugando con nuestras vidas ni las de nuestros familiares presos», situaron en el lado positivo de la balanza a la Diputación de Gipuzkoa y en el negativo a PP, PSOE, UPyD y PNV.
«El Gobierno español ha llevado al borde de la muerte a Iosu. Pero también son responsables directos e indirectos los que no han garantizado los derechos humanos y han ayudado a que situaciones como esta no se solventen, como es el caso del PNV», afirmaron Mattin Troitiño, portavoz de Etxerat, y Nagore López de Luzuriaga, sobrina de la presa enferma Gotzone López de Luzuriaga.
Explicaron que los cuatro partidos citados no se han reunido con ellos. En el caso del PNV, contactaron con Joseba Egibar, pero a día de hoy siguen sin materializar una reunión. Más allá de ello, Etxerat denuncia la «irresponsabilidad» de las declaraciones de Iñigo Urkullu o Andoni Ortuzar sobre Uribetxebarria: «En vez de actuar con sentido común en una situación así, han vuelto a actuar a favor de sus intereses partidistas, intereses que no contemplan ni garantizan de ningún modo el respeto hacia los derechos humanos».
El resto de sus contactos sí han ofrecido frutos. Tras la reunión del jueves, en la mañana de ayer Ezker Batua emitió una declaración pública exigiendo la «inmediata» liberación de Uribetxebarria, y acusó al PP de agitar el tema de los presos para camuflar el de la crisis. El Ararteko también emitió una queja después de reunirse con Etxerat, que hizo llegar al Defensor del Pueblo español, la cárcel de Zaballa y la Audiencia Nacional, «como la gravedad de la situación requería.
Los familiares se muestran muy satisfechos sobre todo por los compromisos adquiridos por Euskal Herria Bildu, y en concreto por el grado de implicación de la Diputación de Gipuzkoa. Su máximo dirigente, Martin Garitano, ha visitado al preso y participado en las movilizaciones de Arrasate y Donostia. Etxerat seguirá incidiendo en esta cuestión porque el caso de Uribetxebarria «ha encendido todas las alarmas rojas», pero «seguimos en la misma situación que al principio».
