La continuidad de Garoña, en entredicho
La aplicación de nuevas tasas podría descartar la prórroga de Garoña
La implantación de un impuesto del 4% y la creación de una tasa sobre los residuos nucleares podrían provocar el cierre de Garoña, ya que las empresas propietarias, Endesa e Iberdrola, no tienen clara su viabilidad económica.
Ion SALGADO | GASTEIZ
El déficit de tarifa vinculado al sistema eléctrico español, cifrado en 24.000 millones de euros por la Comisión Europea, ha puesto contra la espada y la pared al Gobierno del Mariano Rajoy, que estas semanas ultima la nueva reforma energética, destinada a paliar el desfase vigente entre ingresos y gastos. Al examinar las medidas previstas en la misma, destaca la creación de un impuesto del 4% para las tecnologías del régimen ordinario, como son las centrales hidráulicas, las plantas de ciclo combinado a gas y las instalaciones nucleares.
Paradójicamente, la central de Garoña -propiedad de Nuclenor, empresa participada al 50% por Iberdrola y Endesa- podría cerrar sus puertas por la aplicación de la futura tasa, que deberá ser aprobada en el Consejo de Ministros, cuando una de las primeras medidas adoptadas por el Ejecutivo del PP fue la de abrir la puerta a la posibilidad de que prolongue su vida más allá del año 2013, fecha que aún sigue establecida para poner fin a su actividad.
Al parecer, según explicó el pasado martes «El País», la comentada reforma, los gastos derivados del acondicionamiento exigido por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) -cuyo coste podría superar los 100 millones de euros- y la posible implantación de una tasa sobre los residuos radiactivos, han desconcertada a las eléctricas, que ya no tienen clara la viabilidad de esta planta nuclear y comienzan a mostrar dudas sobre el futuro de la misma.
Como señaló el consultor energético Jaume Morrón al citado diario, con la aplicación de la reforma energética y la implantación de las tasas a los residuos radioactivos, Nuclenor puede pasar de un beneficio ordinario de 13,5 millones de euros a unas perdidas 31,5 millones. Una amplia diferencia que ensombrece el futuro de la planta, abierta en el año 1971.
No obstante, Morrón recordó que Garoña se ha convertido en un símbolo para el sector, que siempre ha defendido la viabilidad económica de la energía nuclear. «Están haciendo números. Lo bueno es que la central es de Endesa y de Iberdrola, y puede que asuman alguna pérdida por mantenerla -hasta el verano de 2019-. Si fuera de una sola, sería muy difícil», afirmó.
La prórroga, en el aire
Las dos empresas propietarias de la planta no se muestran dispuestas a lidiar con los problemas financieros anexos a la reforma planteada por el ministro de Industria, José Manuel Soria. Es más, el pasado mes de julio elconfidencial.com anunció que tanto Iberdrola como Endesa barajan no solicitar la prórroga de la central si Madrid no da marcha atrás en la tramitación de lo que denominan «impuestazo». Este medio digital recurrió a fuentes anónimas para analizar la situación abierta por la aplicación de la futura reforma: «Endesa e Iberdrola se plantean no solicitar la prórroga de Garola si se aprueba el paquete fiscal, porque piensan que sería una iniciativa no rentable, casi ruinosa», según «fuentes del sector».
Tras mostrar sus dudas sobre la posible continuidad de la planta energética, que también deberá subsanar las multiples deficiencias de seguridad evidenciadas durante las pruebas de resistencia si quiere continuar operando hasta 2019, las fuentes consultadas por ese medio recordaron que «la cuestión -en alusión al «impuestazo»- está sobre la mesa, pero todavía tiene tiempo para pronunciarse. No está cerrado».
«Chantaje al Gobierno»
Esta situación ha despertado el malestar de las organizaciones ecologistas, que, después de cuarenta años, no confían en las palabras de las empresas eléctricas afectadas por la aplicación de las nuevas tasas. Unos impuestos que, si se confirman los datos publicados en las últimas semanas, gravarían con 10 euros el megavatio-hora (MWh).
En una nota publicada este jueves, Eguzki comentó que los dirigentes de Nuclenor, que no han respondido a la petición de información formulada por GARA, pretenden exigir una exención fiscal al Gobierno del PP para continuar con su actividad empresarial durante los próximos siete años.
Para el colectivo ecologista, detrás de los anuncios de verse abocados al cierre lanzados por Iberdrola y Endesa, se esconde un «chantaje» al Ejecutivo de Rajoy. «Los problemas de rendimiento argumentados por Nuclenor no son reales; solo están echando un pulso al PP», señaló. Pulso que, en su opinión, busca pagar menos impuestos por la producción de energía eléctrica mediante el uso de la tecnología nuclear y reducir los costes tratando de poner freno a la nueva tasa sobre los residuos radiactivos, que de momento se almacenan en la propia central.
Desde Greenpeace, Carlos Bravo señaló que la plataforma a la que representa está a la espera de la aprobación de la reforma energética. «Estamos pendientes para ver en qué se concreta», confirmó a GARA. En cuanto al contenido de la misma, aplaudió la implantación de tasas a la energía nuclear y pidió nuevos impuestos que graven este tipo de electricidad.
Además, Bravo recordó los peligros evidenciados por el CSN en Garoña durante a realización de las pruebas de resistencia, por lo que volvió a exigir su cierre. Como él mismo advirtió, durante estos años se ha comprobado que la planta burgalesa, que calienta el agua del río Ebro aguas abajo, no sería capaz de resistir un pequeño temblor de tierra ni está preparada para hacer frente al impacto de un avión, ya fuera este fortuito o provocado.
A este respecto, Eguzki también considera que los posibles problemas que pudieran darse en el caso de que finalmente Nuclenor realizara las reformas pertinentes y solicitara la prórroga hasta el verano de 2019 serían responsabilidad directa del Gobierno de Rajoy y «de sus adláteres Javier De Andrés -diputado general de Araba- y Javier Maroto -alcalde de Gasteiz-». La agrupación ecologista incidió en que Garoña es una infraestructura «insegura» que ya debería estar cerrada.
Entre las obras que debería realizar Nuclenor para mantener operativa Garoña hasta el verano de 2019 destaca la construcción de un búnker para los trabajadores.
Aparte de los nuevos impuestos para las centrales nucleares, la reforma energética diseñada por Madrid pretende aplicar tasas del 11% sobre las energías renovables, incluida la energía eólica, y de un 19 % para la fotovoltaica. En respuesta a estos datos, facilitados por Eguzki, Carlos Bravo (Greenpeace) apuesta por incrementar la presión fiscal a las eléctricas que explotan la energía nuclear, ya que su margen de beneficio es superior al de las renovables. Explica que, pese a ser más barata, las centrales nucleares venden su energía al mismo precio que las plantas de gas combinado, que son las que generan la última unidad eléctrica en el mercado y se encargan de fijar el precio de referencia.
Además, Bravo recuerda que la implantación de estas tasas golpea de nuevo a las empresas encargadas de explotar las energías renovables, que a comienzos de año fueron víctimas de la eliminación de primas decretada por Madrid. Una moratoria temporal sobre las primas que hace inviable la puesta en marcha de nuevos proyectos sostenibles. I.S.
El director general de la Agencia Federal Nuclear de Bélgica (AFCN), Willy De Roovere, puso en duda el pasado jueves la continuidad del tercer reactor de la central nuclear de Doel (Flandes Oriental) por las fisuras detectadas en su vasija -similar a la de Garoña-, aunque reconoció que hasta finales de mes no se completarán los análisis técnicos. «Personalmente, no estoy para nada convencido de que todo esté listo para setiembre como dice Electrabel [la operadora de la planta de Doel]», reconoció De Roovere tras la reunión que mantuvieron expertos nucleares de varios estados, incluido el español, para analizar la situación de esta central ubicada cerca de Amberes.
Según informó Europa Press, el director de la AFCN recordó que, gracias al control rutinario sobre las instalaciones, pudieron detectar indicaciones de fallos en Doel III que merecían análisis complementarios, por lo que será «muy difícil» probar la seguridad total del reactor ya que nunca antes se ha cambiado una vasija de un reactor nuclear.
Las investigaciones iniciales de lo ocurrido apuntan a la marca holandesa Rotterdamsche Droogdok Maatschappij (RDM), fabricante de la vasija afectada y que en la actualidad ya no existe, como responsable del incidente. Cabe destacar que es el mismo fabricante de una veintena de reactores, entre los que figura el de la de central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos).
Por su parte, la Comisión Europea prometió que extraerá las consecuencias de los problemas de fisuras detectados en la vasija. Además, admitió que este tipo de fallos de fabricación no han sido cubiertos por las pruebas de resistencia a las centrales acordadas tras el accidente nuclear de Fukushima.
«Si hay lecciones a sacar del ejercicio en curso, ya sean sobre los materiales, la prevención, el control o el reparto de competencias, entonces la Comisión extraerá las lecciones», explicó el viernes el portavoz del Ejecutivo comunitario, Olivier Bailly, que asumió que las pruebas de resistencia realizadas en el año 2011 «no cubrían estos aspectos», en alusión a los defectos de fabricación detectados en la vasija del reactor belga. No obstante, insistió en que el sistema de control nuclear en la Unión Europea «funciona bien, como prueba el hecho de que, tras conocerse los problemas en el reactor belga, los distintos países han sido capaces de identificar todas las otras vasijas del mismo modelo que existían en Europa».
En el caso de Garoña, este hecho no hace más que engrosar una larga lista en la que destacan los problemas evidenciados por la empresa General Electric en el reactor nuclear BWE/2-5, de agua en ebullición, como el de la central burgalesa. Un tipo de reactor que, según alertó la propia firma estadounidense, puede verse afectado por un problema de fricción en las barras de control si se produjera un leve terremoto.
Y no hay que olvidar que la central nuclear de Garoña es idéntica a la de Fukushima I. En este sentido, hace unos meses, Carlos Bravo y Raquel Montón (Greenpeace) subrayaron ante el Parlamento de Gasteiz que la central japonesa y la burgalesa «son de la misma época y tienen los mismos problemas de refrigeración». GARA
