El caso de Iosu Uribetxebarria, que el Gobierno español pudo haber resuelto en tiempo y forma sin mayor dificultad, se le ha convertido ahora en un problema serio, tanto externo como interno. Al enfrentamiento evidente con quienes en Euskal Herria y el ámbito internacional no entienden cómo se puede retener preso a un enfermo terminal se le suman ahora las contradicciones creadas en su en- torno por el tercer grado otorgado el viernes, en teoría primer paso hacia la excarcelación.

La decisión de Instituciones Penitenciarias ha abierto la mayor brecha producida hasta ahora con colectivos como la AVT, cuya presidenta despotricó ayer tanto contra el Gobierno como contra el juez encargado del caso, Santiago Pedraz. Al primero le amenaza con que las víctimas de ETA también podrían recurrir a la huelga de hambre si no se atienden sus exigencias -en este caso, que Uribetxebarria siga preso hasta que fallezca-. También le pregunta «qué más quiere para ilegalizar a Bildu y Amaiur, ¿que cojan un arma para demostrar que son de ETA?». En cuanto a Pedraz, le acusa de haber prohibido la manifestación de Herrira en Bilbo de ayer a modo de compensación porque «sabía que iban a conceder el tercer grado». Y dice que «se ha reído de las víctimas» al no impedir el acto celebrado ayer por el Acuerdo de Gernika.

Pedraza no es la única. La presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo, Maite Pagazaurtundua, dice que «una cosa es la aplicación de la ley sobre un sujeto que tiene una serie de derechos, pero todo lo que hay alrededor, incluido su propio comportamiento, son una burla al sistema».

Pagazaurtundua se ensañó igualmente con la movilización de ayer, afirmando que «se trata a ETA con mucha delicadeza cuando siguen con una arrogancia extrema». Y en consecuencia exigió al Gobierno español y los partidos «la máxima firmeza».

Los sindicatos policiales también se lanzaron a la yugular de las instituciones españolas. El portavoz del Sindicato Unificado de Policía, José María Benito, admitió al menos que Interior «ha cumplido la ley», pero se quejó de que «tenía argumentos para no haberlo excarcelado» y concluyó que ha aceptado «el chantaje de la huelga de hambre». Otro tanto opina Antonio Ladrado, de la Confederación Española de Policía, para quien es positivo que la Fiscalía plantee si Uribetxebarria puede seguir en la cárcel y ser tratado allí del cáncer terminal.

Tras todo ello, el sindicato ultra Manos Limpias anunció en una nota que estudiará acciones legales contra el Gobierno español. Lo mismo hizo en su día contra José Luis Rodríguez Zapatero por dialogar con ETA o contra Juan José Ibarretxe, Patxi López, Rodolfo Ares y cinco repre- sentantes de la izquierda abertzale por celebrar reuniones políticas. La primera iniciativa fue tumbada por el Supremo, pero con la segunda consiguió sentarles en el banquillo, aunque solo fuera para la fotografía.

A todo esto, el PP no para de justificarse. Antonio Basagoiti indica que «uno no hace lo que le pide el cuerpo, sino lo que dicen la ley y la democracia».