El Condado de Trebiñu se dibuja como una anomalía en el mapa político de Araba. Una mancha sin color en los teleberris en la que actualmente habitan cerca de 3.300 personas. Sin embargo, el número de empadronados en Trebiñu y Argantzun, los dos municipios que dan forma a la octava Cuadrilla de Araba, no superan los 2.000. Las ventajas fiscales, la oferta de vivienda de protección oficial (VPO), el acceso a la sanidad o la opción a una plaza residencial a cargo de la Diputación alavesa hacen que muchos nuevos vecinos del enclave decidan empadronarse en Gasteiz.

El propio alcalde de Argantzun, Roberto Ortiz Urbina, reconoce la existencia de un problema con el padrón. Según explica en declaraciones a GARA, mientras los datos recogidos en el censo indican que en el municipio residen cerca de 540 personas, el cálculo realizado por el Consistorio sitúa el número real de habitantes en torno al millar. A su parecer, esta incoherencia tiene su origen en la localización geográfica del Condado, ya que, pese a estar ubicados en el corazón de Araba, legalmente los residentes en el pueblo son ciudadanos de Burgos y están sujetos a las normativas de Castilla y León.

Por ello, Ortiz, así como la Agrupación Independiente Nueva Puebla (AINP) a la que representa en el Ayuntamiento de Argantzun, son partidarios de integrar Trebiñu en Araba. De ese modo se impondría la misma presión fiscal a todos los habitantes del herrialde y se equipararía a los vecinos del encalve con las personas residentes en los municipios colindantes. Una paridad en derechos y obligaciones reclamada durante siglos, y especialmente en las últimas décadas, por los argantzundarras que ponga fin, por ejemplo, a los problemas vinculados a la asistencia médica, ya que, como el alcalde explica, «muchas personas mayores se empadronan en Vitoria para poder acudir a los hospitales o acceder a una plaza en las residencias de la Diputación».

Al citar las diferencias vigentes en el ámbito sanitario, el regidor no oculta su preocupación por la implantación del copago farmacéutico en Burgos y por la posibilidad de que no se haga lo mismo en Araba, lo que podría ocurrir si el recurso presentado por Lakua para los pies al decreto ley elaborado por el Gobierno español, que trata de imponer el repago de los fármacos a la ciudadanía, al tiempo que deja sin prestaciones sanitarias a todos aquellos inmigrantes que residan en situación irregular. «Si en Álava no se aplica el copago, puede que las personas empadronadas en Vitoria y residentes en Arganzón compren sus medicamentos en las farmacias de allí -en alusión a Gasteiz-. Y eso sería un problema para la farmacia de La Puebla», señala con preocupación.

Ortiz resalta también que la falta de personas empadronadas en Argantzun repercute de manera directa en la economía del Consistorio. Las subvenciones otorgadas por Madrid a los municipios dependientes del Estado español en materia financiera se reparten en función de la población empadronada. Un baremo que perjudica a los dos municipios de la Cuadrilla.

Para tratar de poner fin a esta situación, el Ayuntamiento de Argantzun ha decidido repartir una vez al año un tríptico informativo en el que se anima a los vecinos a darse de alta en el padrón municipal. Pero, conforme pasan los meses, se comprueba que la medida no está teniendo el éxito deseado, ya que el padrón continúa estancado en el medio millar de habitantes.

Una realidad en las calles

Para ratificar las palabras del alcalde basta con dar un un paseo de quince minutos por las calles de Argantzun. Un corto recorrido que tiene su primera parada junto a la «Plaza Mayor-Herriko Plaza» -en esta localidad los carteles de las calles están en euskara y castellano-. A un lado de la misma, sentados en un banco, tres personas de avanzad edad ven pasar las horas al cobijo de una sombra. Ninguno de ellos muestra reparos a dar su opinión al preguntarles sobre el escaso número de habitantes empadronados. Es más, de ellos solo uno está empadronado en el enclave; los otros dos han optado por darse de alta en capital alavesa, opción que ya ronda la cabeza del tercero. Todos coinciden al señalar el motivo: «la asistencia sanitaria».

Algo similar ocurre en una panadería situada en la entrada del pueblo, donde dos hombres mayores también reconocen que, pese a vivir desde hace décadas en el Condado, figuran como residentes en Gasteiz. Esta circunstancia hace que los dos, al igual que los tres de la plaza, decidan no facilitar ningún dato que les identifique. Al fin y al cabo, todos conocen de primera mano el nuevo control sobre el padrón puesto en marcha por el equipo de gobierno del Ayuntamiento gasteiztarra, en manos del PP.

Cerca, en una cancha de baloncesto, un joven comenta que su decisión de empadronarse en Araba estuvo relacionada con el acceso a una VPO. No obstante, pese a contar con una vivienda en de protección oficial en la CAV, continúa residiendo de forma «provisional» en Argantzun a la espera de poder mudarse de manera definitiva a su nuevo hogar. Un trámite que no parece agradarle en exceso porque, al menos para él, el nivel de vida de Argantzun supera al de cualquier ciudad. «Esto es más tranquilo y no hay tráfico», subraya mientras práctica deporte.

Más de lo mismo en Trebiñu

A nueve kilómetros de distancia se encuentra el casco urbano de Trebiñu. Esta es la localidad más poblada de la Cuadrilla y el municipio más extenso (203 kilómetros cuadrados). Si hiciéramos caso de los datos oficiales aportados por el INE, en las cincuenta juntas administrativas que conforman el Ayuntamiento solo viven 1.460 personas. Un número que, en opinión de la secretaria del Consistorio, no cuadra con la realidad.

Para tratar de incrementar el porcentaje de población empadronada, el Ayuntamiento, comandado por Inmaculada Ranedo (PP), puso en marcha el pasado mes de febrero una campaña publicitaria. En un documento redactado para tratar de vender las bondades del municipio a todos aquellos vecinos que continúan residiendo de manera teórica «en Araba», la alcaldesa, que pese a los reiterados intentos de GARA por contactar con ella optó por no colaborar en este reportaje, asumió que «el aumento de residentes no se refleja en el padrón, que, en definitiva, es el único registro que tienen en cuenta las distintas administraciones para asignar los recursos». Continuando con el discurso económico, la primera edil, partidaria y defensora de la continuidad de Trebiñu en Castilla y León, advirtió de que el citado desfase poblacional «supone que el Ayuntamiento tiene que prestar servicios con menos recursos de lo que nos corresponden por número de habitantes», entre 2.200 y 2.300 según el propio gobierno local.

En el documento, al que se puede acceder mediante la página web del Consistorio, se recogen una serie de «derechos y deberes» a los que tienen acceso las personas empadronadas en la localidad. Entre los mismos figura el derecho a voto, el acceso a los servicios municipales o a las ayudas que oferta el Ayuntamiento por nacimiento de hijos o adopción. En el texto se detallan los últimos convenios de colaboración suscritos entre los municipios del Condado y la Diputación de Araba en material residencial, y se recuerda que los habitantes del enclave pueden utilizar los servicios sociales de Burgos, así como las residencias dependientes de la Junta de Castilla y León.

En este sentido, el ejecutivo local del PP destaca que los vecinos pueden optar a las subvenciones que la Junta otorga para financiar excedencias y reducciones de jornada. Siempre que estas tengan por objeto el cuidado de ancianos, personas con minusvalías o menores. En cuanto a la asistencia sanitaria, la publicidad del Ayuntamiento afirma que los empadronados pueden ser atendidos tanto en el servicio de salud de Castilla y León (Sacyl) como en Osakidetza.

No convencen a la gente

Pero estas palabras no parecen convencer a los residentes registrados en el padrón de Gasteiz, que prefieren continuar con su estatus actual. Es más, las supuestas ventajas recogidas en el texto del Consistorio despiertan recelos incluso entre las personas que están empadronadas en el enclave, que niegan la existencia de las mismas. Por ejemplo, Ricardo Pérez, vecino de Trebiñu, considera que muchas personas continúan empadronadas en Araba por la presión fiscal, que es menor que en Castilla y León. Y, en este contexto, denuncia que los tributos que él paga «van a Briviesca».

Pérez no solo cita las ventajas vinculadas al pago de impuestos, sino que también se refiere a los problemas anexos a los tramites administrativos cuando una persona padece algún problema de salud vinculado al trabajo. Critica que, en el caso de sufrir cualquier percance durante la jornada laboral, un trabajador empadronado en Trebiñu tiene que viajar hasta la ciudad de Burgos para poder tramitar el papeleo requerido por la Seguridad Social. «Pierdes un día entero, porque son cien kilómetros para ir y cien kilómetros para volver», puntualiza, al tiempo que enumera una serie de servicios que solo se prestan en la capital burgalesa.

En cuanto al estatus político de Trebiñu, Pérez defiende la integración en Araba y critica la posición del gobierno municipal, que rechaza integrar el Condado en la CAV y ha decidido retirar un cartel reivindicativo que reclamaba la inclusión definitiva del enclave en Araba. Una petición mayoritaria en Argantzun, donde la Agrupación Independiente Nueva Puebla cuenta con siete concejales en una Corporación formada por ocho personas, a la que se opone el ejecutivo de Inmaculada Ranedo, que gobierna en minoría, con tres ediles, en un pleno formado por nueve concejales.

Las palabras del trebiñarra son seguidas con atención por María García. Esta camarera se empadronó en la comarca hace cinco años y, al igual que Pérez, rechaza las ventajas detalladas por el Consistorio. Es más, al preguntarle por el documento, pone cara de sorpresa y señala que no conocía la existencia del mismo. «En Álava la gente tiene más ventajas, porque nosotros aquí no tenemos ninguna. Bueno, al menos tenemos escuelas», afirma tratando de buscar un consuelo a su situación.

Siguiendo hacia el puerto de Vitoria, que une el enclave con la Llanada, se encuentra la localidad de Ventas de Armentia. En esta pedanía, perteneciente al municipio de Trebiñu, reside Diego Subijana. Como muchos otros vecinos, este joven sostiene que en Araba las prestaciones sociales y económicas son mejores, y critica que la Diputación de Burgos no tenga en cuenta a los vecinos del enclave. «En invierno nadie pasa a limpiar la nieve acumulada en el puerto de Vitoria», afirma. De cara a un futuro, él, como muchos otros jóvenes, tiene intención de empadronarse en Gasteiz para poder optar una vivienda de protección oficial. Una necesidad migratoria que no rondaría su cabeza si Trebiñu fuera Araba.

No obstante, parece que esa opción deberá esperar al menos tres años más, porque en la actual situación política, con el PP en el Ayuntamiento de Trebiñu y en la Diputación alavesa, ninguna de las personas consultadas durante la realización de este reportaje confía en la puesta en marcha de un proceso que finalice con la integración que reclama la mayoría de la ciudadanía.