Los últimos meses se están revelando como decisivos en las políticas anticrisis occidentales. Algo sorprendente parece estar sucediendo en el centro financiero mundial, que coloquialmente denominamos como Wall Street. Una facción de gran peso en este centro financiero ha decidido repentinamente iniciar una ofensiva mediática y política a favor de una reestructuración «de fondo» del sistema financiero occidental.

Los pronunciamientos se han materializado, en concreto, en la defensa de la reimplantación de la regulación que, en el mundo anglosajón, suele denominarse como legislación Glass-Steagall, en referencia a la Ley -Banking Act- de 1933 que, entre otras medidas, impulsó la estricta separación -funcional y societaria- entre banca comercial y banca de inversión. Esta separación de actividades fue derogada a través de la Ley Gramm-Leach-Bliley impulsada por la administración Clinton.

La legislación Glass-Steagall se ha venido a convertir en el referente más emblemático de las estrategias de reestructuración radical del sector bancario. El fundamento de fondo de estas estrategias de diferenciación de banca comercial y banca de inversión es claro.

En primer lugar, se trata de constatar algo evidente: que el sector bancario no es un sector sustentado en principios de libre competencia, sino un sector oligopolístico y sistemáticamente protegido por la normativa y las políticas monetarias y bancarias.

Lógicamente, este régimen sistemáticamente proteccionista exige delimitar claramente qué actividades deben ser protegidas y cuáles no. Desde otra perspectiva, una vez definidas las entidades bancarias incluidas en el ámbito de la protección pública, la cuestión central radica en regular con precisión cuáles son las actividades que estas entidades protegidas pueden o no realizar de forma directa o indirecta.

En síntesis, el fundamento de la propuesta de separación estricta entre banca comercial y banca de inversión radica en entender que solo la función de depósito y crédito desarrollada por los bancos comerciales es merecedora de la protección pública.

Si -como ha sucedido durante las últimas décadas de forma progresiva- admitimos que actividades especulativas, de alto riesgo -o de banca de inversión- se incluyan en el ámbito de la protección pública, estamos financiando privilegiadamente e incentivando de forma sistemática la creación de burbujas especulativas. Este ha sido, sin duda, uno de los elementos clave en el origen de la actual crisis financiera.

La separación de banca comercial y banca de inversión pretende, fundamentalmente, asegurar que las actividades de banca de inversión no se beneficien de este régimen proteccionista y que, por lo tanto, no se incentive la especulación financiera, que debería así asumir por sí misma las consecuencias de sus actividades de riesgo. Este hecho, por sí mismo, contendría la dimensión y el riesgo de las burbujas especulativas.

Pero, como es siempre necesario en el análisis de las políticas bancarias anticrisis, es necesario distinguir dos cuestiones.

Por un lado, que las políticas destinadas a evitar que los factores desencadenantes de esta crisis vuelvan a ponerse en marcha otra vez en el futuro.

Por otro, debe estudiarse cuáles deben ser las políticas destinadas a combatir la actual crisis financiera.

En este sentido, el problema es que, en la actual crisis financiera, la inflación financiera, y las burbujas especulativas ya están creadas. Sería de menor interés en este momento que únicamente consiguiéramos la generación de nuevos problemas futuros en el sistema financiero si ello no nos ayuda a resolver los actuales.

Como instrumento de las políticas anticrisis, la separación estricta entre banca comercial y banca de inversión, o la reinstauración de la Ley Glass-Steagall, tendría, en su versión más directa, la siguiente finalidad: al separar las actividades de banca comercial y de banca de inversión, delimitaríamos también, a partir de ese momento, qué actividades y qué balances van a beneficiarse de las ayudas derivadas de las políticas anticrisis.

De este modo, las actividades de alto riesgo -o especulativas- no podrían en ningún caso financiarse con depósitos bancarios de familias o empresas

En concreto, las actividades de banca de inversión perderían el acceso a la financiación privilegiada de los bancos centrales, a los rescates o a cualquier tipo de ayuda o privilegio público.

En síntesis, se trataría, en el fondo, de «aislar primero y dejar morir después» la banca especulativa, minimizando los perjuicios de esta estrategia para la banca comercial y, consecuentemente, para la economía real.

A nadie se le escapa la trascendencia del hecho de que, en este momento, un sector significativo del «poder financiero central» se posicione expresa y rotundamente a favor de la reinstauración de la Ley Glass Steagall. Y que estos posicionamientos se hayan extendido a medios de comunicación como el «New York Times», «The Economist» o el «Financial Times».

Todo parece indicar que el origen de este sorprendente posicionamiento radica en la constatación, por parte de estos sectores, de la inevitabilidad del hundimiento del «sector financiero central».

Es este alto riesgo de quiebra del sector financiero central el que está provocando un rápido decantamiento de tres posiciones claramente diferenciadas dentro del que hemos denominado «poder financiero central».

Por una lado, está la posición «defensiva», que continúa apostando por una estrategia de dilatar en el tiempo el proceso de desapalancamiento, intentando evitar el colapso del sector financiero mediante la detracción de recursos de la economía real de los países occidentales.

En segundo lugar, encontramos la posición de «huida hacia adelante», que está apostando por el conflicto bélico como estrategia fundamental

Y por último, la ahora mismo surgida posición de «destrucción ordenada» de la burbuja especulativa, a través de la reimplantación de la Ley Glass-Steagall, que descarta la financiación pública de las actividades de alto riesgo.