Los padres y las madres de seis niños de Sopuerta se han unido para reclamar la habilitación de una escuela pública en el citado municipio vizcaino. Esta solicitud, que tomó fuerza a comienzos de 2012, se ha intensificado durante el verano, ya que, a falta de un mes para que comiencen las clases, los menores afectados desconocen donde cursarán primero de Primaria.

En declaraciones a GARA, Jorge Rodríguez, portavoz de las familias afectadas, anunció que, el próximo 10 de setiembre, cuando dé comienzo el curso escolar, los padres y las madres de los seis niños tienen previsto ocupar un aula en el centro de educación infantil -La Baluga- para escenificar su hartazgo con el Ejecutivo autonómico.

En este sentido, Rodríguez criticó que el Gobierno de Gasteiz incumpla su propia normativa en lo referente a la Educación Pública, ya que Lakua está obligado a ofertarla si existe una demanda; y denunció que la única alternativa para muchos padres pasa por matricular a sus hijos en el colegio de San Viator.

Este centro, religioso y concertado, es el que ostenta el monopolio educativo en Sopuerta. Un dominio absoluto -a excepción de la Educación Infantil-, que se consolido en el año 2009, cuando el anterior Gobierno local, en manos de una agrupación independiente firmó con el Obispado las escrituras de los terrenos donde se ubica la nueva ikastola, que, tal como recogen los citados documentos, solo puede impartir clase a niños y niñas menores de seis años.

Así las cosas, los padres y las madres afectadas, a los que ampara la normativa de Lakua, deben optar por matricular a sus hijos e hijas en el colegio San Viator, o enviar a los niños y niñas a la escuela pública de Zalla, un municipio de mayor tamaño situado a trece kilómetros de distancia.

«Campaña del miedo»

En cuanto al número de familias afectadas, el portavoz señaló que, en un primer momento, había más de una veintena de personas dispuestas a matricular a sus hijos en la escuela pública. Sin embargo, conforme avanzan las fechas, el número de afectados ha ido disminuyendo paulatinamente.

En opinión de Rodríguez, esto se debe a la «campaña del miedo» puesta en marcha por algunos vecinos de la localidad, para quienes la posible implantación de un centro de educación público puede suponer una amenaza para la continuidad del colegio concertado de San Viator, donde actualmente se imparten todos los niveles educativos, incluida la formación profesional.