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CONSECUENCIAS DE LA POLÍTICA PENITENCIARIA

Yuste no ve impedimento para excarcelar a Uribetxebarria

El juez espera hoy los informes para la libertad condicional del preso de Arrasate, que entra en el decimotercer día de huelga de hambre. Gonzalo Rodríguez, hospitalizado en Ciudad Real

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GARA | GASTEIZ

«Las enfermerías de la prisión tienen la consideración de centros de salud de atención primaria. No hay tratamiento hospitalario». Así de tajante contesta Ángel Yuste cuando el entrevistador le recuerda que la Fiscalía requirió al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria que determinase si es posible que Iosu Uribetxebarria sea tratado dentro de la prisión, lo que de momento ha paralizado su puesta en libertad después de que, el viernes, Instituciones Penitenciarias le concediera el tercer grado que le corresponde por ley.

El mismo viernes, el juez Santiago Pedraz dictó una providencia en la que -obviando el diagnóstico hecho público por el Hospital Donostia- solicitó que el médico forense le remita un nuevo informe sobre el estado de salud de Uribetxebarria que recoja cuál es el «lugar adecuado para el tratamiento de este tipo de dolencias» y si «dicha enfermedad puede ser tratada adecuadamente en los servicios penitenciarios hospitalarios».

La misma petición se ha cursado a «los Servicios Centrales Penitenciarios», al tiempo que se reclama a Instituciones Penitenciarias que aporte al juzgado el expediente incoado «para la aplicación a este interno de la libertad condicional por enfermedad grave». Aunque no está confirmado oficialmente, se espera que ese último trámite se haga hoy mismo, lo que obligaría al juez a decretar la libertad condicional sin más demora, cuando Uribetxebarria ha cumplido doce días en huelga de hambre.

En la entrevista publicada ayer por el diario «El País», Ángel Yuste, también rechaza las críticas que han dirigido al Gobierno del PP ciertas asociaciones de víctimas o sindicatos policiales. «Las decisiones de este tipo son siempre difíciles y a nadie se le escapan las consecuencias, pero creo que la ley tiene una interpretación consolidada en el tiempo y que aplicarla es la mejor forma de servir a los intereses generales. A los que nos piden probar, y es una prueba diabólica -destaca-, que no hemos cedido al chantaje, solo podemos presentar nuestra visión de la legalidad».

Yuste no es nuevo en el cargo, puesto que ya lo ocupó entre 1996 y 2004, bajo el mandato de José María Aznar, y además es funcionario del Cuerpo de Instituciones Penitenciarias.

Otro preso hospitalizado

Ángel Yuste también intentó minusvalorar la huelga de hambre que están llevando a cabo más de 500 presas y presos políticos vascos en las cárceles de los estados español y francés para exigir que se dé un trato digno a Iosu Uribetxebarria. No obstante, en la citada entrevista, asumió que Instituciones Penitenciarias tiene constancia de ello. «Hasta el viernes, 304 internos habían manifestado su intención de hacer huelga de hambre, pero con muchos de ellos no hemos sido capaces de detectar que la estén llevando a cabo. Estos ayunos tienen un componente bastante teatral. (...) Es una escenificación estratégica de la izquierda abertzale para capitalizar una decisión que iba a ser estrictamente legal y venderla en su mundo. Por eso -reiteró- creo que especular sobre el chantaje les ayuda a ellos».

Esas palabras no se ajustan a la realidad, como han trasladado a GARA familiares de Gonzalo Rodríguez Cordero, preso de Ezkio-Itsaso que inició el domingo día 12 la huelga de hambre y que se encuentran hospitalizado en Ciudad Real. Sus allegados denunciaron que el viernes no pudieron contactar con él y que nadie les ha informado sobre su estado de salud ni sobre la causa que ha provocado su hospitalización.

Por otro lado, ayer se movilizaron 80 personas en Mutriku y 31 en Plentzia.

Interior airea un plan para el regreso de «huídos»

Fuentes del Ministerio de Interior confirmaron ayer a distintos medios que el Gobierno de Mariano Rajoy está estudiando la viabilidad de un plan por medio del cual «se facilitaría el retorno de los etarras huidos en el extranjero», tal como lo expresó Europa Press. Esta agencia indicó que la Fiscalía de la Audiencia Nacional trabaja con el Ministerio estudiando la viabilidad de esa iniciativa.

Esta información fue adelantada por el diario «El País», que añadía que Interior calcula que los «huidos» son unos 300, aunque también citaba datos de Dignidad y Justicia que cifran en 141 los ciudadanos vascos «con orden de busca y captura dictada por la Audiencia Nacional» y otros 41 sobre los que no pesa ningún requerimiento judicial, aunque esa asociación considera que deberían ser imputados. El rotativo madrileño puntualizaba que «la causística de los huidos es muy diversa», incluyendo, entre otros, a militantes «activos» de ETA o a los «deportados en los años 80».

Según estas informaciones, para quienes tienen causas judiciales pendientes no habría ninguna novedad, ya que se les ofrecería acogerse a la denominada «vía Nanclares». En cuanto al resto, «El País» afirmaba que se está estudiando «establecer algún canal» para que «puedan conocer su situación y lo que les espera si regresan», apuntando a que podrían entrar en escena «las embajadas españolas en determinados países».

En cuanto a las reacciones que suscitó la noticia, el PSOE dijo que «desconocía» el plan pero retiró que «apoyará al Gobierno en la lucha contra terrorismo». GARA

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