A pesar de que las filtraciones de los últimos días apuntaban a que el Gobierno griego tendrá que acometer un recorte adicional de 1.900 millones de euros sobre los 11.600 ya pactados, fuentes del Ejecutivo negaron ayer dicha posibilidad. De hecho, reconocieron que el país heleno tiene problemas para cumplir incluso con las medidas previstas para ahorrar tal cantidad.

Este baile de declaraciones se produce en una semana crucial para Grecia. El primer ministro, Andonis Samarás, se reúne esta semana con el jefe del Eurogrupo, Jean Claude Juncker, y con los máximos mandatarios de Alemania y el Estado Francés, Ángela Merkal y François Hollande, respectivamente. En dichos encuentros, Samarás tratará de demostrar seriedad ante los compromisos adquiridos con sus socios europeos.

Todo ello sucede en un ambiente nada fácil para el Gobierno heleno. Desde el exterior recibe la presión de la troika -FMI, BCE y Comisión Europea- mientras en Grecia crece el descontento popular, con un paro en el 23%, y en su Gobierno ya existen claras fisuras por los nuevos recortes.

Recortes a cambio de prórroga

Detrás de la batería de recortes que Samarás presentará a sus socios Europeos habría un claro interés, según afirman los medios de comunicación. De hecho, los ajustes serían la condición para negociar una prórroga de dos años en los objetivos de déficit del endeudado país, o alguna fórmula alternativa que permita suavizar el impacto de los nuevos recortes que se deben aplicar hasta 2014.

Esta prórroga aliviaría el impacto económico y el descontento social del nuevo ajuste, que ya ha llevado a Grecia a una espiral de cinco años de recesión y que este año va a hundir la economía un 7%, ante el 4,5% previsto. También serían imprescindibles para que Atenas obtenga 31.500 millones de euros de la troika, congelados desde hace meses por la falta de avances del Gobierno.

Los recortes previstos por Samarás incluyen reducciones de las pensiones, eliminación de la mayoría de ayudas sociales, cierre de compañías públicas y privatización de empresas estatales de energía. También prevé reducir 150.000 puestos en el sector público para 2015. Medidas que previsiblemente acrecentarán el descontento social.