El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, confirmó en la noche del lunes lo que ya era casi un secreto a voces, es decir, que su Gobierno había entablado contactos exploratorios con las FARC, que, según adelantaron medios colombianos, arrancarían de forma oficial el próximo 5 de octubre en Noruega.

En una breve comparecencia, precisó que estos acercamientos se enmarcarán en tres principios rectores: «aprender de los errores del pasado para no repetirlos; cualquier proceso tiene que llevar al fin del conflicto y no a su prolongación y que las Fuerzas de Seguridad del Estado mantendrán las operaciones y la presencia militar sobre cada centímetro del territorio nacional». Adelantó que en los próximos días «se darán a conocer los resultados de los acercamientos» con la guerrilla.

Santos, a quien le quedan dos años para terminar su mandato, también se dirigió al ELN para que se una a este incipiente proceso. «Dentro del marco de estos principios, ellos también podrían ser parte de este esfuerzo por terminar el conflicto», indicó. El ELN publicó ayer en su página web un texto en el que ratificó su voluntad de abordar un diálogo «serio, responsable, respetuoso, sin trampas y sin hostilidad» con el Gobierno.

El presidente destacó que su Ejecutivo «está obrando con prudencia, seriedad y firmeza, anteponiendo siempre el bienestar y la tranquilidad de todos los habitantes de nuestro país».

Durante el encuentro que mantuvo el 15 agosto en la reserva de La María con indígenas del Cauca, que exigen tanto la salida de la guerrilla como la desmilitarización de la zona, Santos afirmó que «si la historia me recuerda como el presidente que logró la paz, moriría tranquilo». Pero, «para terminar el conflicto, yo, como presidente, necesito la certeza de que hay una voluntad del otro lado», apostilló. Según filtró Canal Capital, la televisión pública de Bogotá, la agenda pactada entre el Gobierno y las FARC incluiría derechos humanos, participación política, desarrollo rural y reinserción.

El investigador de la Corporación Nuevo Arco Iris, Ariel Ávila, aseguró que hay «un preacuerdo con cinco puntos. Garantías jurídicas, tierra, garantías políticas y reformas económicas».

En su opinión, la respuesta de la sociedad civil, que deberá decidir «si nos seguimos desangrando 15 años o no», será una de las claves del éxito o no de este proceso de diálogo.

En declaraciones a la cadena Caracol, Ávila, experto en agendas de paz, remarcó que lo que quieren las FARC es que su Comandancia, el Estado Mayor General y el Secretariado puedan participar políticamente, que no suceda la misma masacre de la Unión Patriótica (UP)», surgida en 1985 como parte del diálogo entre la guerrilla y el Gobierno de Belisario Betancur, que un año antes, en 1984, habían firmado el Acuerdo de La Uribe, que incluía el cese de los hostigamientos, el fin del secuestro y la apertura de espacios políticos para la guerrilla, que se tradujo en el nacimiento de la UP.

Pero aquella experiencia piloto, que obtuvo un importante éxito electoral a nivel municipal, acabó en tragedia. Grupos paramilitares eliminaron físicamente a casi todos sus militantes, incluyendo diputados, concejales y alcaldes. A falta de cifras oficiales, se estima que 5.000 personas murieron en acciones violentas. Y quienes sobrevivieron, tuvieron que exiliarse, principalmente, en países del norte de Europa.

El siguiente ensayo se produjo entre 1998 y 2002 bajo el Gobierno de Andrés Pastrana. Pero aquella experiencia también fracasó, aunque según indicó a GARA Johnson Bastida, miembro del comité organizador del encuentro internacional por la paz y la solución política que se celebró en marzo en Laussana, Suiza, «el Caguán dejó enseñanzas muy importantes».

En su opinión, el punto de partida de las futuras conversaciones debería ser la agenda del Caguán, «en la que no figuraban algunos puntos que habría que incorporar, como la justicia, la reparación y la no impunidad para los delitos del terrorismo de Estado. Se debería abordar también la cuestión de los presos, de los exiliados y los expulsados. ¿Qué nos dejó el Caguán? Un proceso cristalino y claro ante la opinión pública».

Sin embargo, «uno de los errores que se cometieron fue mantener conversaciones en medio del conflicto».

Ese es, precisamente, uno de los retos a los que se enfrenta de nuevo este proceso, ya que Santos advirtió de que proseguirán los operativos militares.

Un reciente estudio elaborado por instituciones de Colombia y EEUU al cumplirse diez años del Caguán, consideró que «tras una década de olvidar las raíces profundas del conflicto, es importante que presidente, formadores de opinión pública, académicos, investigadores, empresa- rios y líderes de la sociedad civil empiecen a debatir las posibilidades y los límites del diálogo y la posibilidad de una salida política y negociada».

En este contexto, en el último año se han producido algunos movimientos significativos en la vida política colombiana. Uno de ellos fue, sin duda, la declaración de las FARC del pasado 26 de febrero en la que anunciaban el fin de los secuestros como forma de financiación y la entrega de diez uniformados que mantenían en su poder. Aquel comunicado fue interpretado como «un hecho sin precedentes en la historia de las FARC» por Iván Cepeda, del movimiento Colombianas y Colombianos por la Paz, liderado por Piedad Córdoba.

En el campo de los presos políticos -se estima que hay unos 7.500-, ese mes se celebró en Bogotá un foro internacional bajo el lema «La Colombia entre rejas, un camino para la libertad y la paz».

En abril nació el Consejo Patriótico Nacional, cuerpo político de la Marcha Patriótica, en la que confluyeron 1.500 organizaciones sociales, políticas y populares. La consecución de «la paz y la segunda y definitiva independencia del país» son los ejes de su carta fundacional. En un mensaje dirigido a Santos, Córdoba incidió en que debe ser consciente de que «la paz también se va a tener que hacer con el pueblo».