Aprovechando el primer Consell de Govern tras el parón estival, la Generalitat anunció ayer oficialmente que pedirá la ayuda al Fondo de Liquidez Autonómica, tal y como ya se había anunciado hace meses. El portavoz del Govern, Francesc Homs, cifró la cuantía del rescate en 5.023 millones de euros y advirtió de que no aceptarán «ninguna condición política» más allá de los programas de ajustes ya establecidos.

El Govern -que realizó el anuncio el mismo día en que se supo que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, recibirá al president catalán, Artur Mas, el próximo 20 de setiembre- se esforzó en remarcar la idea de que el rescate no tendrá ningún tipo de contraprestación política, siguiendo un camino paralelo al recorrido por el Estado español en su propio rescate: se niega que sea un rescate -se define como préstamo- y se omite la condicionalidad política que conlleva.

Homs justificó esta idea señalando que «lo que no puede pasar es que con el Fondo de Liquidez se pretendan otros objetivos; los planes de ajuste ya están aprobados». Sin embargo, no es tan fácil como parece, al menos a juzgar por la letra pequeña del Decreto Ley que regula las ayudas a las Autonomías. Según la norma impulsada por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, «la Comunidad Autónoma deberá presentar y acordar con el Ministerio un plan de ajuste que asegure el cumplimiento de los objetivos de estabilidad y de deuda pública, así como el reembolso de las cantidades aportadas por el Fondo». El Decreto señala que si la Autonomía en cuestión ya tiene un plan de ajuste -como es el caso de Catalunya- «deberán acordarse las modificaciones que resulten necesarias para el cumplimiento de los nuevos compromisos adquiridos».

Aquí es donde está la trampa. Según señaló ayer la decana de la facultad de Economía de la Universitat de Barcelona, Elisenda Paluzie, en una entrevista en `Vilaweb', Catalunya no cumplirá con el objetivo de déficit para este año: «Es imposible porque casi todo, también el presupuesto del Estado, se ha hecho con una previsión de ingresos impositivos que no se cumple en estos momentos».

Intervención de la autonomía

Este incumplimiento del objetivo de déficit abre la puerta a la aplicación de las medidas más duras del Fondo de Liquidez Autonómico y de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, aprobada precisamente con los votos de CiU. Esto implicaría la llegada de «los hombres de negro» de Montoro al Principat, lo que supondrá, según Paluzie, «una intervención total». «Pueden pedir cualquier dato de gastos e ingresos, y exigir medidas en una semana. Si no se implementan estas medidas el Gobierno las puede hacer ejecutar de manera directa e inmediata», sentencia la economista.

Pese a no ser ninguna sorpresa -se conocía desde hace meses que el Govern pediría el rescate-, el anuncio cayó como un jarro de agua fría sobre unos ánimos caldeados por la próxima Diada Nacional del 11 de setiembre. Sobre todo, porque coincidió con una jornada en la que, tras semanas de rumores y especulaciones, el Govern anunció que Mas no iría a la manifestación independentista convocada por la Assemblea Nacional Catalana. En cambio, pidió que la movilización fuese masiva para poder utilizarla en la negociación del pacto fiscal con la Moncloa, una negociación con fecha de caducidad que empezará con la reunión del próximo 20 de setiembre entre Mas y Rajoy. Quien sí que tomará parte en la marcha será Convergencia Democrática de Catalunya (CDC), el principal partido de CiU, coalición que se completa con Unió Democrática, según notificó ayer en un comunicado.

En resumen, en un solo día, el Govern de la Generalitat abrió la puerta a la intervención de las cuentas catalanas por parte del Estado, rebajó notablemente el perfil independentista que le piden sus bases y profundizó su empeño en un pacto fiscal que todos saben condenado al fracaso. Así lo entendieron los partidos que le acompañan en esta etapa supuestamente más soberanista de la legislatura, ya que tanto ERC como ICV-EUiA criticaron la petición del rescate, igual que Solidaritat. Por su parte, el PSC dijo «entender» la petición de rescate.