Aritz INTXUSTA

Edurne Gutiérrez, de la Comisión Ciudadana Antisida, y Raquel Turumbai, de Sare, han acogido con honda preocupación la decisión del Gobierno navarro de excluir de la sanidad pública a los inmigrantes irregulares. Estas dos ONG son las que combaten el VIH en Nafarroa y el decreto les coloca en una situación francamente complicada. Los presupuestos para mantener a raya esta enfermedad han ido mermando estos años, pero con la nueva ley ya no saben cómo actuar ni qué va a ser de las personas en situación irregular que padecen esta enfermedad. Los problemas comienzan desde el primer momento, porque ahora ni siquiera la detección está garantizada.

Si un inmigrante sin papeles acude a las dos ONG porque teme que sea seropositivo, pueden hacerle una prueba ahí mismo, para la que solo se necesita una muestra de saliva. «La prueba sirve para descartar la enfermedad, pero si da positivo, tiene que ser corroborada con otra analítica, que se realiza en un centro de salud», explica Turumbai. La capacidad de estas ONG de realizar la primera prueba se justifica porque así se facilita que acuda más gente. Asimismo, hasta ahora, las ONG preservaban el anonimato de quienes se la realizaban. Este anonimato también ayudaba a que las pruebas se realizaran por más gente y con una mayor frecuencia. Pero ahora, adiós a ese anonimato. «Si encontramos un positivo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Adónde vamos a mandar a esa persona si no tiene derecho a que se le atienda en ningún centro de salud? ¿Cómo le darán una fecha si no tiene tarjeta sanitaria?».

Gutiérrez no se atreve a dar datos de qué porcentaje de enfermos de sida está en una situación irregular, aunque acepta hablar de que es una «cifra sustancial» de ese colectivo de enfermos. «Estar en situación irregular es algo que cambia continuamente. Si pierden su trabajo, pierden su permiso de residencia y, de hecho, una enfermedad puede hacerte perder un empleo», remarca. «Nos pasa con enfermos que son de aquí. ¿Quién está dispuesto a contratar a una persona que, si tiene avanzada su enfermedad, no podrá trabajar las ocho horas y tendrá bajas recurrentes?», le apoya Turumbai.

Cabe señalar que Nafarroa ha prometido una ayuda a inmigrantes irregulares que no tengan ingresos. Si tramitan esta subvención, la sanidad vuelve a ser gratuita. Sin embargo, los condicionantes que tiene esta ayuda son muy criticados por estas asociaciones. El primer requisito implica que quedan excluidos todos los que tengan antecedentes penales. «Solo con las denuncias del `top manta' en Sanfermines se va a excluir a los subsaharianos de su derecho a conocer si están enfermos. A mí me parece una barbaridad», dice la trabajadora de Sare. Por otro lado, Nafarroa también deja fuera a los que tengan «causas pendientes con la Justicia», lo que abre la puerta a que una denuncia, aunque sea falsa, deje a una persona sin posibilidad de ser atendida en un centro de salud. El otro condicionante es de carácter temporal. Si no prueban un año de residencia en Nafarroa, tampoco tienen derecho a que se les subvencionen los gastos sanitarios. «¿Qué ocurrirá entonces con las prostitutas de plaza? Son chicas que se mueven, cada pocos meses, de club en club. ¿Podrán hacerse la prueba o no?».

Este problema afecta de igual forma a la CAV. Aunque Patxi López se haya declarado rebelde, Lakua ha definido que atenderá a los inmigrantes que lleven un año de residencia. Es decir, en el caso de las prostitutas de plaza y de todos los «sin papeles» que se mueven de forma itinerante Osakidetza será igual de implacable que Osasunbidea.

Sin posibilidad de tratamiento

La prevención y la detección precoz, amparadas en el anonimato, han constituido uno de los arietes más efectivos para mantener a raya al VIH en Nafarroa. La ley complica sobremanera todo este sistema, pero el tratamiento a los enfermos resulta aún más problemático. Los inmigrantes mayores de edad solo pueden acceder al médico en caso «de urgencia por accidente o enfermedad grave», según el decreto que entró en vigor el pasado sábado. Habrá que ver cómo se aplica finalmente, pero en principio las personas que necesiten ser tratadas con antirretrovirales para que su salud no empeore drásticamente dejarán de tener acceso a esos fármacos que se les suministraban.

Cabe remarcar que no existe otra posibilidad para que puedan adquirir esos medicamentos. No es porque sean muy caros, que ciertamente lo son, sino porque no están a la venta en las farmacias. Los antirretrovirales contra el VIH únicamente se guardan en la farmacia hospitalaria, y lo mismo ocurre con otros tratamientos de enfermedades crónicas. Si se interpreta al pie de la letra, un seropositivo sin papeles solo podrá acceder a su tratamiento cuando sea ingresado a través del servicio de urgencias.

Básicamente, el Real Decreto Ley 16/2012 convierte la sanidad pública gratuita en un seguro de pago para los «sin papeles». En Nafarroa deberán abonar 746 euros anuales si son menores de 65 años y 2.675 si superan esa edad. Cabe preguntarse de dónde sacarán el dinero si no pueden trabajar aquí, pero el caso es que si no lo pagan, las puertas de la atención primaria están cerradas a cal y canto.

Esta forma de funcionar de nuevo genera una paradoja en el caso del VIH . «Esta especie de seguro en que van a convertir la sanidad es el único seguro al que pueden agarrarse las personas seropositivas», dice Gutiérrez. «Si un enfermo de sida quiere hacerse un seguro privado, no puede, ya que su enfermedad les excluye en todas las aseguradoras», recuerda. Esta crítica es extensible, en menor grado, a otras enfermedades crónicas como la diabetes. Un diabético puede acceder a un seguro privado, pero es mucho más caro que para una persona «sana».

Turumbai insiste en este punto en el tema de controlar la enfermedad, puesto que esto evita nuevos contagios. «Los tratamientos con antirretrovirales también ayudan a que la enfermedad no se propague. Una persona, bien tratada, puede mantener relaciones sexuales con otra persona y la posibilidad de que se produzca un contagio se reduce de forma enorme. Eso ha sido un gran avance. Incluso hay parejas que han tenido hijos de forma natural sin que el uno haya contagiado al otro». Su compañera lo confirma: «Sin papeles y sin tratar, el VIH es un atentado contra la vida y la salud pública».

¿Cuáles son los motivos del decreto?

Turumbai está muy preocupada por los criterios que ha seguido el Gobierno de Nafarroa para administrar sus ayudas. En concreto, le alarma la distinción entre los que tienen antecedentes y no. «Estamos restringiendo un tema de salud por un tema puramente moral. A mí me parece que nos estamos volviendo un poco locos. ¿Qué quere- mos en los hospitales, sanitarios o jueces?».

En su opinión, los temas de salud pública deben de tratarse únicamente con criterios sanitarios. Por ello, esta trabajadora insiste en recordar que, en los últimos años, se está registrando un aumento de los contagios y que, además, son contagios por vía sexual. «El repunte en Nafarroa aún no es significativo, pero sí en otras zonas del Estado. La sanidad ha de tratarse como algo global, no hay que poner una solución en Nafarroa o en la CAV, no basta con eso». A este respecto, ambas trabajadoras recuerdan que todo el llamado Plan Nacional Antisida se está desmantelando en el Estado español. Muchas ONG hermanas de la Comisión Ciudadana Antisida y de Sare están teniendo serios problemas de financiación, que probablemente les aboquen al cierre.

El olvido -consciente o no- que ha tenido la Administración para con estas entidades es clamoroso. «Nos hemos tenido que ir enterando por la prensa de cuáles eran los pormenores de la nueva Ley y, sinceramente, no entendemos por qué se ha hecho», dice Gutiérrez. «El verdadero gasto es cuando una enfermedad es grave. Corregir el problema desde un primer momento, evitar el avance de todas las enfermedades contagiosas, eso sí que resulta efectivo. De verdad que no entiendo por qué lo han hecho», asegura la trabajadora de la Comisión Ciudadana Antisida. «Yo creo que, si no se sostiene desde el punto de vista de la salud pública, es porque quieren que los inmigrantes se vayan», comenta Turumbai. «Pues a mí me parece una idea nazi», zanja el debate Gutiérrez.