Hace ya un mes que desde Jaiki Hadi lanzamos la voz de alarma ante la situación extrema que vivía un preso político vasco. En este mes han pasado muchas cosas, pero no la mas esperada: la liberación de Iosu Uribetxebarria. Aun seguimos esperando decisiones supuestamente jurídicas sobre un caso evidente que solo precisaría la aplicación de la justicia y el sentido común. Pero, además, durante este mes hemos podido apreciar hasta qué punto conceptos como derecho a la vida, a la salud o a una muerte digna pueden ser retorcidos y manipulados con el objetivo de hacerlos impracticables.

La movilización de un sector de la sociedad sensible con los derechos de los presos vascos ha impedido que se condenara a la muerte anunciada en prisión a un ser humano. Pero, a pesar de que esas movilizaciones han sido importantes y determinantes, también tenemos que admitir que hemos echado de menos la implicación de otros sectores, algunos de ellos comprometidos con la defensa de los derechos humanos. Son sectores que cuando surgen situaciones que abren debates fundamentales en nuestra sociedad intentan pasar mirando hacia otro lado para no tener que definirse. No solo nos referimos a los representantes políticos e institucionales, también hemos echado de menos a organismos como asociaciones profesionales, colegios de médicos o comités de ética que han permanecido y permanecen en silencio.

El informe publicado por la forense de la Audiencia Nacional merecería como mínimo una lectura crítica de los y las profesionales que tienen una responsabilidad especial en nuestra sociedad. Algunas de las consideraciones realizadas sobre la terminabilidad o la incurabilidad de una enfermedad han sido tan sesgadas y manipuladas que resulta incomprensible el silencio de aquellos que ostentan conocimientos clínicos y criterios técnicos suficientes para poder deshacer tanta inexactitud. Las y los profesionales sanitarios mantenemos un cierto monopolio del conocimiento en una parcela del saber tan importante como es la salud y la enfermedad de nuestros conciudadanos, pero ese mismo privilegio nos debería comprometer con la sociedad para hacerle partícipe de lo que nos resulta evidente: las enfermedades graves e incurables son humanamente incompatibles con la cárcel.

Pero además de silencios inexcusables, hemos asistido a la publicación en los medios de comunicación de algunas opiniones difícilmente asumibles en una sociedad civilizada. Opiniones que, además de suponer una exhibición de falta de sentido de humanidad y de justicia, han rayado en la justificación del linchamiento y la ejecución sumaria. Abundar en posiciones de que las y los presos vascos deben pudrirse en la cárcel ha sido una opinión aplaudida por muchos en el Estado español, mientras era tolerada por el resto.

Hemos visto y oído, una y otra vez, a las representantes de las asociaciones de las víctimas del terrorismo categorizar sobre el cumplimiento íntegro de las penas, sobre la exigencia de pedir perdón y sobre el arrepentimiento y la negación del reconocimiento de cualquier tipo de derecho. Incluso una de ellas hablaba de cómo debía morir en paz Iosu Uribetxebarria en la cárcel. Resulta difícil de entender, desde una una posición racional, qué se quiere conseguir con esas manifestaciones de venganza sin paliativos. Si hay algo que la venganza no repara, es el sufrimiento del que la aplica. Pero además, en el conjunto de una sociedad que percibe por primera vez en décadas la posibilidad de la paz, esa apuesta por hacer imposible la convivencia resulta como mínimo descorazonadora.

La psicología social dice que hay creencias que contribuyen a mantener la existencia de un conflicto como intratable. Entre estas creencias se encuentra la victimización, esto es, el considerarse víctima permanente de un conflicto para justificar acciones contra cualquier oponente y reforzar la creencia en la imposibilidad de la justicia y la paz. Es como un círculo interminable donde la convivencia es imposible porque una de las partes ni siquiera admite esa posibilidad.

En un estado donde al ministro de Justicia le duele aplicar la ley y donde un portavoz del partido del gobierno dice importarle un bledo la situación de los presos enfermos, es difícil esperar la aplicación de la justicia y el derecho. Deberían explicar a la sociedad española en qué mejora su situación actual y su futuro mantener presos enfermos en la cárcel. Tal vez por ello sea tan importante que otras voces se hagan audibles entre tanto ruido y desprecio hacia el principio de humanidad.

Cuando Iosu sea liberado aun quedarán en las cárceles españolas otros trece presos enfermos pendientes de la decisión de Instituciones Penitenciarias y del Gobierno de España, y seguirán las voces que reclaman venganza y pena de muerte para todos ellos. Queda en manos de la sociedad vasca que esas voces no prevalezcan sobre el deseo de justicia y de paz de una mayoría que en Euskal Herria queremos terminar con este conflicto intratable. Pero para ello es imprescindible ser muchos más. Es necesario poner fin a la pasividad y al miedo a tomar partido. Hay que sacar definitivamente del cálculo electoral la defensa de los derechos humanos. Porque desde todos los ámbitos hay que evidenciar que el Estado español no solo no quiere la paz, sino que además es incapaz de aplicar la justicia.

La sociedad vasca ha realizado un gran esfuerzo colectivo para iniciar el cierre de un conflicto violento demasiado largo y demasiado doloroso. Ahora somos más conscientes que nunca de que el proceso va a ser largo y complicado y de que para muchos seguramente la paz no traerá emparejada la compensación del sufrimiento, pero no podemos condenar a las nuevas generaciones a perpetuar el enfrentamiento y la imposibilidad de convivir en paz.

Por derecho y por justicia exijamos la libertad de los presos enfermos.